Si el presidente del PP, Mariano Rajoy, decide un día cesar al tesorero del partido, Luis Bárcenas, y a otros presuntos implicados en el 'caso Gürtel', o de la trama de Francisco Correa, no será porque se lo exija el presidente del Gobierno Zapatero, sus ministros, o José Blanco, desde el PSOE. Tampoco porque lo pidan El País, la Cuatro o la Cadena SER del Grupo Prisa, que actuó de correa de transmisión de las calculadas en tiempo y hora electoral filtraciones sumariales del juez Garzón, Fiscalía o el ex ministro Bermejo.
Pero sobre todo a quien Rajoy no le va a entregar ninguna cabeza es a sus adversarios mediáticos "internos" -porque presumen hablar en el nombre del PP- de El Mundo y la COPE, que han tomado el relevo de El País y la SER para lanzar una nueva y furibunda campaña contra Rajoy y el PP, con el doble objetivo de: embarrar y tapar las responsabilidades de Esperanza Aguirre -que son flagrantes- en este escándalo y en otros como el espionaje y la caza de Caja Madrid; y con el objetivo de aguarle a Rajoy la fiesta de la victoria en Galicia y los buenos resultados en el País Vasco, para ver si el PP -con la ayuda de Mayor Oreja- se estrella en las elecciones europeas de junio. Y en ese caso, otra vez los dos citados medios consiguen reactivar su batalla en pos de una nueva presidencia para el PP para las elecciones del 2012, en favor de Aguirre, Rato o ya se vería quién, pero siempre en contra de Rajoy, que es lo suyo y a lo que llevan años dedicados.
Todo lo que han hecho El Mundo y la COPE sobre los escándalos de la Comunidad de Madrid, que señalan a Aguirre y su Gobierno, ha sido para defender a la presidenta, tapar sus inmundicias políticas y lanzar un ataque calculado -y pactado con ella- contra la dirección nacional del PP a fin de empatar el partido de la suciedad y de dañar a Rajoy y otros dirigentes. Y por supuesto sin perder de vista al alcalde Gallardón, a quien no pierden la oportunidad de arrear un garrotazo con cualquier motivo -como la deuda municipal-, a pesar de que el alcalde parece muy alejado de la actualidad, no sabemos bien si motu proprio o por imperativo del PP.
Si a esto añadimos los escandalosos y desvergonzados regalos que Aguirre hace a sus palmeros y primeros protagonistas de El Mundo y la COPE, tal y como se ha visto en las adjudicaciones madrileñas de emisoras de radio y televisión digital, veremos que estos pájaros no sólo son manipuladores políticos sino que además "cobran" por ello, en lo que a todas luces se presenta como un presunto caso de tráfico de influencias políticas y mediáticas, y puede incluso que también como un presunto delito de prevaricación o corrupción. ¿Regalos a cambio de apoyos políticos y mediáticos? Éstos sí que son trajes cortados a la medida, y favores mutuos con presupuestos públicos -que nos enseñe Aguirre el reparto de la publicidad de los últimos años- y adjudicaciones de un Gobierno autónomo.
Y conste que no estamos diciendo que Rajoy acierte dejando a Bárcenas y a Galeote donde están, o aplicando distintas varas de medir ante los distintos casos de presunta corrupción en algunos cargos del PP, sin que, por cierto, ninguno de ellos haya afectado a la financiación del partido. Pero una cosa es todo esto y otra muy distinta es poner de rodillas, como pretende el gran confidente y asesor de Zapatero, al presidente del PP para dictarle órdenes y ceses, mientras tapa las irregularidades de Aguirre, entre las que están las citadas concesiones audiovisuales a sus perros de caza. Por ahí Rajoy no va a pasar, y hace bien. Y si algo debería hacer el presidente del PP es dar un paso al frente en sentido contrario, frenando en seco el ataque de Aguirre a Caja Madrid, aunque sólo sea para evitar una barrabasada de Zapatero en el cuarto banco de España, lo que nunca habría que descartar.
Cada cosa a su tiempo, aunque cuando antes mejor, pero sin claudicar y sin dar cabezazos a nadie y menos aún al clan de Aguirre, que se acaba de lucir con el encuentro hecho público entre el inefable Granados y el presidente del Tribunal Superior de Madrid, que debería juzgar a los imputados del PP en la Comunidad de Madrid, poniendo en juego su recusación.
