La nueva ofensiva catalanista (léase "nacionalista") contra la largamente esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán la reabrió el propio Montilla el pasado domingo 22 con una serie de advertencias en caso de que esa decisión no gustase a los políticos catalanes. Esos mismos políticos que están, desde hace mucho tiempo, agitando el panorama, incluso con amenazas. Una especie de "estrategia de la tensión" aldeana, porque aldeanos son estos protagonistas.
Echemos la vista atrás, algo siempre instructivo. Cuando se inició la tramitación de este nuevo Estatuto, una encuesta oficial revelaba que el tema interesaba sólo al tres por ciento de la población catalana. Lógico, la gente tiene otras cosas de que preocuparse como para dedicar su tiempo a cosas de políticos, cada vez más desacreditados. En el referéndum, lo aprueba sólo poco más de un tercio del censo, más de veinticinco puntos por debajo de la aprobación de la Constitución española. Es mentira decir, como afirman algunos políticos catalanes, que ese Estatuto lo aprueba el setenta por ciento de los catalanes. Cuando la campaña de "agitprop" a cargo de los políticos catalanes con el reconvertido Montilla a la cabeza aumenta, crece el interés de los catalanes por el asunto. También lógico. ¿A quién no le interesa una batalla contra Madrit, paradigma del mal y causa de todas nuestras desgracias desde Felipe V?
Estos últimos días, el tumulto ha crecido y el fin de fiesta, de momento, resulta ser esa curiosa declaración de todos los periódicos catalanes, bajo el muy digno título de "La dignidad de Catalunya", nada menos. Tras este banderín de enganche viene eso que algunos llaman de manera pomposa y malintencionada la "sociedad civil". Ese grupo incluye desde patronales y sindicatos hasta colegios profesionales, Cámaras de Comercio pasando por alguna institución cultural y un club de fútbol que es mes que un club. Punto. Ahí acaba esa llamada "sociedad civil". Cierto que son gente importante y poderosa y cierto que el impulso, el compromiso de la sociedad, de la población en nuestro país es ridículo. Pero ¿sólo eso es la "sociedad civil"? ¿O son algunos dirigentes? Por ejemplo, las Cámaras de Comercio, cuya afiliación en toda España es obligatoria y se financian con impuestos, ¿han hecho una mínima encuesta para saber qué opinan sus obligados afiliados? Frente a esa dirigencia, un diario, eso sí, de Madrid, informa que, en escasas horas, las adhesiones en Facebook alcanzaban la cifra de cuatro mil. Estratosférica cifra si recordamos que la población de Cataluña es de cerca de siete millones. Falta pues mucha sociedad civil, la de verdad.
Todas estas manifestaciones y adhesiones inquebrantables en nombre de un pueblo que en su mayoría mira asombrado o ausente lo que pasa, tienen un denominador común que hay que atreverse a desenmascarar. Es el del apoyo al Gobierno catalán de turno, a éste o al que sea, por una razón fácil de entender: relaciones de clientela cimentadas en años de presupuestos crecientes y cotos cerrados. Los manifestantes y adherentes, unidos por la obtención de favores, ayudas, contratos, subvenciones, más contratos, palmaditas, etc., procedentes del Gobierno catalán de turno, saben perfectamente dónde reside el poder: en el Estado autonómico y no en ese "Estado residual" central como lo definió, acertadamente, Maragall. Tan sencillo como eso. El manoseado seny se impone otra vez. En último término, se trata de no enfrentarse con el poder. Es comprensible.
Lo que puede ser menos comprensible es la actuación de algunos políticos, concretamente los, en su origen y hasta su conversión al credo, no nacionalistas, con el PSC-PSOE a la cabeza. Pero es fácilmente entendible y se explica con dos palabras: burdo oportunismo. Hay que mantener el bien remunerado puesto de trabajo, el propio, como sea. Así, al frente de la manifestación catalanista haciendo méritos aparece Montilla (con su ridículo catalán, según allí dicen). Montilla nos ha hecho añorar a Pujol (que es más honrado políticamente porque él sí se cree eso de fer país y demás historias) y al pionero en esas lides, Maragall. Ese burdo oportunismo que comparten el resto de los políticos catalanes con Mas a la cabeza, les lleva a olvidar que, en democracia, las leyes están por encima de las personas y que, a pesar de sus enormes limitaciones y lacras, el Tribunal Constitucional es la instancia constitucional para decidir. Es un tribunal enormemente desacreditado pero, como decían los norteamericanos del primer Somoza, "es el nuestro". Hay que respetarlo aunque ellos no se respeten.
Pero no olvidemos al principal actor y causante de este enorme desaguisado que, termine como termine, terminará mal. No es otro que el Sr. Zapatero, el mismo que abrió, sin necesidad ni demanda social alguna, el melón estatutario y que dijo aquello de "Pasqual, aprobaremos lo que venga de Cataluña". El mismo personaje que ahora, en plena ofensiva nacionalista, mira para otro lado, dice que "es interesante" y sonríe. Irresponsabilidad sideral, histórica, como narrará la historia de estos años, cuando se escriba.
