Una vez más, a cargo del grupo socialista, y una vez más como estrella invitada, CiU. Esta vez, como actor muy secundario, silente, IU y su par catalán. Una vez más, la astracanada nos muestra la verdadera cara del PSOE, su carencia de una mínima decencia política y su "progresismo".
La debilidad del Gobierno y de su grupo en el Congreso está detrás de sus actuaciones buscando apoyos donde sea y con quien sea para no quedarse en minoría. Todo eso está muy bien, se dirá, porque en eso consiste la política, en hablar y tratar de buscar acuerdos. Efectivamente, es así, pero con un límite marcado por la coherencia y la honradez política, algo que ese partido, cuyo único objetivo desde hace mucho tiempo es mantenerse en el poder como sea, ha perdido, anegado por el más burdo oportunismo. Corrupción política se llama la figura porque no se puede dar bandazos cada cuarto de hora.
Su "progresismo". Esta vez se trataba de una proposición que buscaba sencillamente mejorar un poco la deteriorada progresividad de nuestro sistema impositivo, cada vez más injusto. Magnífica oportunidad de demostrar, aunque sea a propuesta de otros, ese deseo manifestado de que vayan pagando más quienes más tienen y ganan. Pues bien, los socialistas han vuelto a mostrar su auténtico rostro con este gatillazo fiscal.
Conviene advertir que no se trataba realmente de que pague más quien más gana sino quien más renta declara, que no es lo mismo. Quienes más ganan están ya fuera de la disciplina fiscal y del esfuerzo común mediante diversos artilugios, unos ilegales y otros en el margen, que sólo ellos pueden conseguir con la ayuda de normas que facilitan esas maniobras y la inestimable colaboración de entidades financieras, bufetes y consultoras. Estamos hablando de Sicavs y otros instrumentos similares con tributación ridícula. Estamos hablando también de pura y dura evasión fiscal con el telón de fondo de una tipificación de delito fiscal completamente inoperante. No sólo eso sino que, como muy bien recordaba en su reciente columna Irene Lozano, el Gobierno socialista decidió hace unos años, ante el peligro de la inspección fiscal, pasar lo relativo a Sicavs y similares desde la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a la más comprensiva Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, también conocida como Comisión de No Meterse con los Vips. Sin voluntad política no hay nada que hacer.
