Un axioma del Derecho dice: dura lex, sed lex. A esta pretendida referencia dogmática se remiten algunos observadores para rechazar que dos de los piratas secuestradores del Alakrana, capturados por España y encarcelados, sean devueltos a su país, ese país sin Estado y sin legalidad que se llama Somalia. Los dos corsarios que Baltasar Garzón envió a prisión han resultado ser, como es bien sabido, la gran baza del chantajeo para jugar con la vida de los tripulantes del atunero. Son esos piratas los que más encarecen el rescate y los que proporcionan la mayor dificultad para que el citado axioma siga pretendiendo ser una realidad y para que la legalidad española aspire a ser respetada por nuestras propias autoridades.
El Gobierno, acosado por las dramáticas circunstancias, ha empezado a dar marcha atrás en su inicial actitud de mantener el fuero legal que se opone a desautorizar a la propia ley concediendo la extradición de los dos piratas. Sabe que un desenlace dramático para los marineros secuestrados tendría gravísimas repercusiones políticas y no sólo humanitarias. Necesita resolver como sea el problema. Y en el "como sea" entra no sólo pagar más dinero por la libertad de los tripulantes del Alakrana, sino además devolver a los delincuentes, sanos y salvos, y sobre todo impunes, a la propia Somalia. Todo una humillación de resonancia internacional. Y de paso una consecuencia de los errores cometidos al encarcelarlos sin reparar en la posibilidad, ya plenamente confirmada, de que la extradición, gratuita por un lado, y altamente onerosa por otro, se planteara.
El juez Baltasar Garzón, que tanto ha favorecido en el pasado los intereses de los gobiernos de España cuando ello se ha ajustado a su versátil criterio, supo esta vez que el Ejecutivo zapaterista se metía por propia iniciativa en un callejón sin salida, al solicitar el traslado a España de dos secuestradores. Quedaba sin otra salida que la de perder la cara y soltar la pasta en proporciones tal vez astronómicas.
Las familias de los marineros han reaccionado y siguen haciéndolo dentro de la más elemental lógica. Nada de dictados legalistas. Lo esencial para esas personas es que los suyos vuelvan sanos y salvos, y allá el Gobierno con sus problemas. Problemas que seguramente se habrían podido afrontar si el Alakrana hubiera navegado y faenado en el Índico con la debida protección armada o bajo una legislación, no la hoy anticuada, que permitiese la cobertura militar de su trabajo.
A estas alturas, la ministra de Defensa, Carme Chacón, ha tenido que ceder su protagonismo en el asunto a su compañero de Gabinete, Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores. Lo cual significa que se ha optado por la diplomacia como fórmula de arreglo, si es que lo hay, y no por las bravas dentro de los imperativos legales.
Y encima de todo, Garzón queda otra vez acariciado por los beneficios de la gloria jurídica. El fiscal de la Corte Penal Internacional acaba de declarar que el mundo necesita jueces como Garzón, capaces de enfrentarse al poder. Estas palabras sonarían bien en oídos que no supieran o no quisieran recordar hasta qué punto el condecorado juez de la Audiencia Nacional ha escrito de todo en las páginas de su resonante historial, algunas de ellas merecedoras de muy severas críticas, por decirlo en términos suaves.
Al final, lo que se ha pretendido resolver con suicida gallardía tiene que solucionarse bajo el signo de la humillación, eso sí, con denominación de diplomacia hábil y generosa. Sobre todo generosa, que es como decir previo pago de su elevadísimo importe.
El Alakrana, atunero vasco, ha recibido como es natural la correspondiente atención crítica de los opinantes de Euskadi. Teniendo esos intereses que cobijarse en gestiones que corresponden a la soberanía española, los comentarios se han ajustado a criterios prácticos. Cuando hace falta el Gobierno de Madrid, valga su necesidad. Esto ha sido como una inundación paliada por la Guardia Civil en el papel de bombero.
