Se acerca la fecha en la que se va a celebrar la Conferencia de Copenhague sobre la respuesta que ofrecerá la comunidad internacional al problema del cambio climático y las espadas siguen en alto, haciendo dudar que sea posible un acuerdo jurídicamente vinculante que substituya al Protocolo de Kioto.
En las vísperas de Copenhague, Barroso ha anunciado la composición de la nueva Comisión que va a proponer al Parlamento Europeo. Una de las novedades es la creación de un comisario del Cambio Climático con competencias diferenciadas del de Medio Ambiente. Se lanza así una señal política fuerte pretendiendo visualizar la importancia que la UE concede a ese tema y el liderazgo que desea continuar ejerciendo.
Pero la llave de la solución que se pueda encontrar o no en Copenhague está sobre todo en las posiciones que desde ahora adopten los grandes países emergentes.
Hasta ahora los países en desarrollo agrupados en el G-77 y apoyados por China se han negado a aceptar ninguna obligación de reducción de sus emisiones. Su argumento es que el problema lo habían creado los países desarrollados y que sólo éstos debían reducir sus emisiones, tal y como se decidió en Kioto.
Pero estas posiciones maximalistas empiezan a cambiar. China y Brasil han anunciado en los últimos días su disposición a aceptar objetivos concretos y obligatorios de reducciones. India todavía no lo ha hecho, pero la posición de su primer ministro en la conferencia preparatoria de Trinidad y Tobago deja entender que lo hará antes de que la Conferencia de Cpenhague empiece, el próximo 7 de diciembre.
Después de la visita de Obama, después pero no antes ni durante, China ha anunciado que se compromete a reducir la intensidad en carbono de su crecimiento economico en un 40-45% en el 2020 con respecto al 2005. Brasil está dispuesto a una reducción del 36-38% con respecto a su tendencia actual, e Indonesia se les anticipó con un compromiso del -25%.
Son buenas noticias, pero empieza a ser difícil valorar esas propuestas con respecto a los objetivos considerados como necesarios por el Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas. Recordemos que los países desarrollados debían reducir sus emisiones entre un 25 y un 40%, siempre en el horizonte del 2020, y los países en desarrollo, un porcentaje menor, del orden del 15-30%.
Probablemente no fue una buena idea plantearlo de esta manera porque no es fácil valorar el esfuerzo relativo que se les pide a unos y a otros en función de sus niveles de desarrollo y el esfuerzo de adaptación que deben realizar. Pero ahora es difícil dar marcha atrás y el único camino hacia el acuerdo es intentar que las ofertas de reducción que hagan cada una de las grandes potencias emergentes sean compatibles con el objetivo global.
En este sentido, la posición de la India era determinante; es el único gran país en desarrollo que debe pronunciarse y por ello las vísperas de Copenhague se jugarán más en Nueva Delhi que en Bruselas.
Pero los países desarrollados, y la UE en particular, pueden todavía hacer mucho para generar una posición que permita el acuerdo. Quedan al menos dos cuestiones sobre las que se ha avanzado poco y que serán determinantes: el sistema de control internacional que se establezca para constatar que las reducciones propuestas se efectúan realmente y la financiación del esfuerzo de adaptación de los países más pobres a las consecuencias para ellos ya inevitables del cambio climático.
La primera cuestión puede parecer técnica y ciertamente lo es. Pero encierra un gran problema político puesto que implica un derecho de control exterior sobre el desarrollo económico de los países. Y algunos, como China, no están muy dispuestos a aceptarlo. Por otra parte, sin un sistema de verificación objetivo del cumplimiento de los objetivos de cada uno, éstos pueden ser brindis al sol sin garantías de efectos prácticos.
Pero ése no será el mayor problema. Allí donde se jugará todo es en la capacidad de los países ricos de desembolsar una contribución anual de entre el 0,5 y el 1% de su PIB para ayuda a los países en desarrollo; es decir, entre 135.000 y 270.000 millones de dólares anuales. Es la petición que hace el G-77 pero que los países ricos en general consideran completamente irrealista, mientras que la UE está a verlas venir asegurando que hará el esfuerzo "necesario" sin precisar en que consiste.
Lógicamente, se trata de una posición negociadora comprensible, puesto que nadie quiere enseñar todas las cartas antes de Copenhague. Por otra parte, está por ver la solidez de la posición del G-77 y de China en torno a esta demanda de financiación. No todos los países la necesitan por igual ni de la misma manera: China seguramente necesita más transferencia de tecnología que dinero.
Así, después de las buenas noticias de China y Brasil, y esperando las de la India, puede que la financiación sea la variable clave de Copenhague. Es el viejo problema declinado en nuevas claves globales: la Humanidad tiene un problema, ¿quién debe pagar para resolverlo?
