El debate presupuestario que ha tenido lugar estos días en España refleja una cuestión de fondo que se plantea en todos los países europeos: ¿cuándo y cómo hay que empezar a reducir el apoyo del sector público al mantenimiento de la actividad económica?
En otras palabras, cuándo y cuánto hay que reducir el déficit público, aumentando impuestos o reduciendo gastos. Y ante esta decisión, que tarde o temprano todas las haciendas públicas tendrán que afrontar, es inevitable una cierta esquizofrenia. Los apoyos a la actividad son todavía necesarios ante la debilidad y la fragilidad de la incipiente recuperación, y eso quiere decir más gasto o menos impuestos, pero el nivel alcanzado por los déficits públicos produce vértigo y aconseja lo contrario, subir impuestos o reducir gastos.
No es de extrañar que todos los gobiernos den una de cal y otra de arena, tratando de conciliar objetivos contradictorios y de mandar señales apropiadas a diferentes actores. A los mercados financieros que recelan de los déficits excesivos se les ofrecen subidas impositivas tendentes a reducirlos y a los sindicatos se les asegura la protección social y planes de obras y servicios que mantengan el empleo.
Y a estas consideraciones de oportunidad, que tratan de encontrar el mix óptimo entre fuerzas contrarias, se añaden las de tipo ideológico determinadas por los ciclos electorales en los distintos países. El resultado no puede ser sino el que es, una verdadera cacofonía de políticas de salida de la crisis en la Unión Europea, como variada y dispersa fue la reacción inicial ante ella.
Una vez que se tomó conciencia de la gravedad de la crisis, y el Gobierno español no fue el único en tardar en hacerlo, todos los países aplicaron políticas del más puro estilo keynesiano. Lo hicieron de forma diferente pero el resultado común, con alguna excepción, ha sido el aumento de los déficits públicos hasta el entorno del 10% o más allá. Y nadie se acuerda del límite del 3% del pacto de estabilidad, si no es para emitir promesas rituales de volver a respetar esa norma cuando las cosas vuelvan a la normalidad, es decir, allá por el 2011.
Y además, la fortaleza del euro que acaba de rebasar el cambio de 1,5 con respecto al dólar, muestra que la solidez de la moneda no depende tanto, o sólo, de la contención de los déficits públicos. Nunca la zona euro había tenido un déficit tan grande y nunca el euro había mostrado tanta fortaleza..., o quizás deberíamos más bien hablar de la debilidad del dólar.
Pero esta cuestión, que paradójicamente inquieta a todos los países salvo a la mayor economía exportadora europea, Alemania, parece escapar a nuestro control, y cuanto más grandes son las divergencias europeas, más refortalece el euro. La falta de una concepción coherente del papel internacional del euro garantiza que no habrá una intervención coordinada en los mercados de cambio que evite la apreciación excesiva del euro.
El debate sobre la política económica en Europa es, sobre todo, el que opone a los que piensan que la prioridad es reducir el déficit público y los que creen que todavía no se pueden retirar los apoyos a la economía. Entre los primeros esta Alemania, que tiene previsiones optimistas para su economía gracias a una recuperación de las exportaciones, y entre los segundos Francia, España y el Reino Unido, para los que la recuperación es más lenta.
Pero el nuevo Gobierno alemán de centro derecha se propone bajar los impuestos sobre la renta y los beneficios empresariales y tendrá que graduar sus efectos sobre el déficit a corto plazo. Francia se niega a reducir los beneficios fiscales a las rentas altas con los que Sarkozy empezó su mandato y Brown sigue inyectando dinero público para mantener la demanda con una mano y subiendo los impuestos sobre el consumo y sobre la renta -el tipo marginal sube del 40 al 50% el próximo año- con la otra. El resultado será un déficit público del 12,5% del PIB en el año fiscal 2009-2010. Claro, que si ganan los conservadores se recortarán drásticamente los gastos, pero eso no es garantía de reducción del déficit, todo depende del efecto que esa reducción tenga sobre el conjunto de la actividad.
A la misma disyuntiva nos enfrentamos en España. Somos el país que más ha gastado en planes de relanzamiento economico, el 2,3% del PIB este año, sin que hayamos podido evitar una llamarada del paro y una de las mayores caídas de la actividad. La situación hubiera sido sin duda peor sin esa intervención, pero es lógico que un déficit del 10% requiera medidas correctoras como las que se han planteado en los Presupuestos.
Las medidas fiscales propuestas deberían aumentar los ingresos en un punto del PIB. Pero para volver a cumplir con el Pacto de Estabilidad allá por el 2012, como nos hemos comprometido, haría falta ingresar 5 veces más. Es evidente que el retorno al equilibrio no puede conseguirse simplemente con aumentos nominales de impuestos que debilitarían la demanda y reducirían la capacidad recaudatoria efectiva.
Por encima de todo hay que evitar, en España y todas partes, la caída de ingresos fiscales producidos por la disminución de la actividad y del consumo. Y ello implica en nuestro país encontrar actividades de reemplazo a esos 6 puntos del PIB y 8 puntos de empleo perdidos en la construcción y que no volverán. Es lo que se llama el cambio en el modelo productivo, algo más difícil, y lento, de conseguir que los ajustes nominales en el Presupuesto.
Josep Borrell Fontelles
Ex Presidente del Parlamento Europeo
