Se acaba junio y con él la Presidencia checa de la UE. Y pocas veces se habrá deseado tanto que una Presidencia se acabe.
En muchas capitales se ha recibido con un suspiro de alivio a Suecia, cuyo euroescepticismo light es mucho mejor que la eurofobia mostrada por Chequia.
Si hacía falta una constatación práctica de los problemas de la Presidencia rotatoria del Consejo, la de Chequia los ha demostrado sobradamente. No es que la Presidencia estable prevista por el Tratado de Lisboa no tenga problemas, pero serán de otra naturaleza y provocaran menos cambios de prioridades cada seis meses y estarán menos relacionados con los sobresaltos de la política interna de cada país.
Y en eso los checos se han llevado la palma. Por primera vez desde 1958, un Gobierno que ejercía la Presidencia de la UE ha sido tumbado por su Parlamento. Por eso, en realidad se puede decir que ha habido dos Presidencias checas. La del primer ministro Topolanek, jefe del partido liberal fundado por el eurofóbico presidente de la república V. Klaus, que se acabó con la moción de censura del 23 de marzo, y la de su sucesor, el tecnócrata Fischer, que empezó el 9 de mayo después de un largo periodo de interim y que aportó algo más de calma e inteligencia al ejercicio de una actividad tan delicada como es presidir el Consejo Europeo.
Falta hacía, porque las meteduras de pata de su antecesor habían sido notables. En octubre calificó de "comunismo financiero" el plan de salvamento bancario que Sarkozy se esforzaba en pactar en el ámbito de la UE. No es de extrañar esta visión de las cosas que se tiene desde Praga, si se tiene en cuenta que para el presidente Klaus la estrategia de Lisboa es (sic) "peor que lo que era el Gosplan durante la ocupación soviética".
Después, mientras la crisis arreciaba, se negó a convocar una cumbre extraordinaria dedicada a la crisis financiera, aunque tuvo que acabar cediendo ante la presión del par franco-alemán.
Pero antes, el 3 de enero, al día siguiente de asumir la Presidencia y mientras las bombas llovían sobre Gaza, el Gobierno checo se permitió, sin ninguna clase de concertación previa con los demás miembros del Consejo, justificar la operación del ejército israelí considerándola como "defensiva". Por supuesto Topolanek se negó a tomar ninguna iniciativa sobre ese conflicto, dejando el espacio libre para que fuera Sarkozy quien lo hiciera.
Poco después, al estallar un nuevo conflicto del gas entre Rusia y Ucrania, los checos también prefirieron no intervenir argumentando que era un problema "comercial" entre un proveedor y sus clientes. De nuevo tuvo que intervenir la Presidencia saliente y, cuando la crisis afectó a la propia UE porque los suministros de gas ruso empezaron a faltar, Topolanek no tuvo más remedio que arremangarse y buscar una solución política.
Los ejemplos de falta de solidaridad paneuropea, o más bien de responsabilidad en el ejercicio de las funciones de una Presidencia del Consejo, se continuaron durante la Conferencia de Durban II de las Naciones Unidas sobre el racismo. Ante las manifestaciones antisemitas del presidente iraní, la delegación checa decidió abandonar unilateralmente la Conferencia haciendo caso omiso de la posición común de los 27 Estados miembros de la UE y obligando a la delegación sueca a tomar precipitadamente el relevo.
Bien es cierto que con el nuevo primer ministro Fisher las cosas mejoraron y que el último Consejo consiguió un acuerdo sobre un sistema europeo de supervisión del sistema financiero, lo que no era en absoluto evidente.
Se podrá señalar, con razón, las múltiples limitaciones de ese acuerdo y las concesiones que hubo que hacer al Reino Unido, pero ésta es otra historia que merecería otra crónica y, en todo caso, no son imputables a la Presidencia checa, que hizo su papel de intermediario entre los miembros del Consejo.
Pero todo eso es ya agua pasada. Ahora le toca el turno a Suecia y los trabajos que le esperan al Gobierno de Estocolmo son también de aúpa. Nombramiento de la nueva Comisión y la prueba de fuego de la ratificación parlamentaria del candidato Barroso; nuevo referéndum irlandés y, si el "sí" gana, gestión de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa con el nombramiento del presidente estable del Consejo Europeo; cumbre de Copenhague sobre el clima; aplicación de las conclusiones del G-20 sobe regulación financiera...
Es una suerte que sea a un país de las características políticas de Suecia, de reconocido internacionalismo, compromiso con el medio ambiente y prácticas políticas transparentes, al que le toque lidiar esos toros. Aunque los aborde desde su propia perspectiva, como todos.
Para empezar, el primer ministro sueco ya le ha dicho a Barroso que prefiere un presidente del Consejo que sea un simple chairman y no un presidente ejecutivo que haga sombra a la Comisión. Con ello reflejan la posición de los países de talla pequeña o mediana y no especialmente comprometidos con el proceso de integración política europeo. Esa opción condiciona, por supuesto, a la persona que vaya a ejercer la presidencia del Consejo.
Pero antes hace falta que Lisboa se apruebe. Desde Berlín llegan buenas noticias porque los peros del Tribunal Constitucional alemán se pueden superar con una ley que el Parlamento votara en sesión extraordinaria el 26 de agosto para que la ratificación se pueda firmar el 9 de septiembre, justo antes de la campaña electoral alemana y del referéndum irlandés.
Berlín deja así expedito el paso. Si los irlandeses aprueban el Tratado en su segunda vuelta, sólo quedará que los presidentes checo y polaco firmen las leyes de ratificación que ya han votado sus Parlamentos.
Y así, de Praga a Estocolmo, se habrá cerrado una página de la historia de Europa y empezará otra, esperemos que más fructífera para su futuro. josep.borrellfontelles@europarl.europa.eu
