Después del pasado Consejo Europeo, parece que el Tratado de Lisboa podrá estar en vigor cuando España estrene la Presidencia de la UE. Para vencer las últimas resistencias del presidente checo, V. Klaus, el Consejo ha renunciado a ponerse digno, optar por el consabido pragmatismo europeo y aceptar sus condiciones.
Así, la República Checa quedará fuera del ámbito de aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales sin que sus gobiernos lo hubiesen pedido nunca a lo largo de las interminables negociaciones. Klaus puede sacar pecho y decir que ya vale, que ya no pondrá mas condiciones para firmar porque gracias a él su país se salva de posibles reclamaciones sobre los bienes de los tres millones de checos de lengua alemana expulsados después de la II Guerra Mundial. Una argumentación que carece de valor jurídico pero que sirve para el consumo político interno.
Ha sido una nueva página en la historia de las componendas, casi podríamos decir abdicaciones, necesarias para hacer avanzar mal que bien a la pesada nave europea. Y un escarnio a los principios democráticos puesto que no correspondía a Klaus plantear esa reivindicación de última hora. Una excusa sacada de la chistera para justificar que al final tenga que acabar firmando el Tratado, aprobado ya por el Parlamento checo.
Pagado el precio político, hay que esperar ahora a que el Tribunal Constitucional checo rechace la próxima semana el recurso presentado por los senadores afines a Klaus, que era la trinchera detrás de la cual mantenía su particular cruzada contra el Tratado de Lisboa en particular y contra el proceso de integración europea en general.
De no ser así, habría que esperar a su fallo, lo que alargaría un poco más el proceso. Pero ya se ha abandonado la estrategia de resistencia numantina consistente en no firmar hasta que en la primavera un nuevo Gobierno conservador inglés convocase un referéndum sobre el Tratado de Lisboa, a pesar de que éste ya ha sido firmado por la Reina, como ha prometido Cameron.
Si finalmente Klaus ha dado su brazo a torcer ha sido probablemente porque veía que, por muchas artimañas jurídicas que ensayase, no podría aguantar sin firmar hasta la primavera. Y porque, aunque lo hiciese saltándose toda la legalidad constitucional de su país, era probable que al final los conservadores británicos en el Gobierno no se meterían en el lio del referéndum y le dejarían tirado a él ya a toda su estrategia antieuropeísta.
Lo ocurrido estos meses en Praga ha sido realmente digno del ilustre vecino de la ciudad que fue Kafka. Y prueba también lo difícil que es que la UE progrese mientras subsista la regla de la unanimidad y no haya una cláusula de abandono de la UE para los que juegan al perro del hortelano, a los que hay que contentar para evitar la parálisis.
Pero así son las cosas y con lo que se ha decidido parece que Lisboa está ya al alcance de la mano. Y en el camino hacia Copenhague parece que también se han hecho algunos progresos que deben permitir a la UE mantener el liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático.
El Consejo ha acordado que la ayuda a los países más pobres para financiar su adaptación a las consecuencias ya irreversibles del cambio climático debe rondar los 100.000 millones de euros anuales en el 2020. Y la UE se compromete a cargar con la parte que "en justicia" le corresponda.
La UE contribuye así a considerar el cambio climático como un gigantesco problema de equidad a escala planetaria. Si en la atmósfera cabe una cantidad limitada de gases que provocan su calentamiento, hay que determinar cómo se reparte este bien público global del que hasta ahora unos hemos usado, y abusado, más que otros. Las cifras son elocuentes, los países pobres sufrirán el 75% del daño causado por el cambio climático mientras que los países ricos son los causantes de dos tercios de las emisiones acumuladas de Co2 desde el principio de la era industrial.
Y si no se respeta un principio de equidad, no será posible llegar a un acuerdo en Copenhague. Hasta ahora el camino para salir de la pobreza ha pasado por un desarrollo intensivo en la combustión de carbono, y ese camino está definitivamente cerrado si se quiere evitar una catástrofe climática. Pero la reducción en el consumo de energía hay que pedirla a los que la derrochan. Si los americanos cambiaran sus 40 millones de 4x4 y otros vehículos energívoros por otros que consumieran la media europea, se ahorrarían 142 millones de toneladas de Co2 anuales, equivalentes a las emisiones generadas para suministrar un consumo básico de electricidad a los 1.600 millones de seres humanos que todavía no tienen acceso a ella.
Pero el Consejo no ha podido avanzar más en la concreción de sus acuerdos, ni fijando compromisos concretos de ayuda ni acordando el reparto de su coste entre los Estados miembros.
Y eso es así porque la confrontación entre países desarrollados y países pobres o emergentes se reproduce, a otra escala, dentro de la UE. Los nuevos Estados miembros son muy dependientes del carbón y se niegan a contribuir en función de sus niveles de emisión, que es el criterio que la UE defiende en las negociaciones mundiales.
El impacto de la crisis no ha venido a facilitar las cosas y los países del Este, duramente afectados por ella, piden exenciones y moratorias, o que las contribuciones sean "voluntarias", lo que rechazan los antiguos Estados miembros particularmente Alemania y el Reino Unido.
Por eso las espadas se han quedado en alto. El principio al menos ha sido aceptado, porque todos saben que no es posible esperar que China, India o Brasil lleguen a un acuerdo en Copenhague que no incluya ayudas financieras a los países pobres. Pero el tiempo apremia y la posición europea se debilita mientras otros interrogantes aparecen en el horizonte amenazando el resultado de Copenhague.
El primero es la posibilidad, avanzada por algunos climatólogos como el de la Universidad de Kiel, que el calentamiento marque una pausa y que las temperaturas disminuyan durante 10 o 20 años. Una perspectiva menos preocupante puede dejar para más tarde las dolorosas adaptaciones a un problema de fondo que subsistirá más allá de las modulaciones coyunturales.
El segundo es la emergencia, cada vez con más fuerza, de la idea de un impuesto-carbono en las fronteras de la UE que grave las importaciones de productos en función del carbono que se haya generado en su producción. Una forma de evitar la competencia desleal entre países, según unos, o una forma de proteccionismo "verde", según otros. Si Lisboa está ya al alcance de la mano, el camino de Copenhague está todavía lleno de obstáculos.
