Después de numerosos aplazamientos, de pedir a todos los Ministerios ideas y proyectos, coordinados por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, y de una puesta en escena triunfal en el Palacio de Congresos de Madrid con una liturgia más propia del mundo del espectáculo que de la política, el Consejo de Ministros aprobó el viernes las líneas generales de la manoseada "Ley de Economía Sostenible", que se espera que sean ampliadas en el Parlamento por el presidente del Gobierno en su comparecencia del martes.
Ni los sucesivos aplazamientos, ni la puesta en escena oficial, ni el mensaje transmitido en la presentación insistiendo en que daba comienzo la segunda modernización económica de España, después del primer esfuerzo modernizador que hicieron los sucesivos gobiernos socialistas de Felipe González, tienen nada que ver con el texto aprobado ni con las esperanzas que grandes sectores de la opinión pública y del empresariado habían puesto en ese gran plan dirigido, sobre todo, a un cambio de modelo económico.
Con esa nueva ley, mejor anteproyecto de ley (que ahora se pretende consensuar con todas las fuerzas sociales y políticas) y que viene a formar parte de esa manía del Gobierno de legislar por fascículos, para intentar articular un coleccionable que en ocasiones no tiene ni pies ni cabeza, se intenta dar un primer paso para un gran proyecto que tiene que durar hasta el 2020 pero que, como siempre, no aborda las necesarias y urgentes reformas estructurales que están exigiendo los principales organismos internacionales, desde la Comisión Europea hasta el FMI (Fondo Monetario Internacional).
Ni la ley contiene el menor asomo de reformas ni estímulos productivos suficientes para los sectores más innovadores ni, por supuesto, medidas de calado para mejorar la productividad, que es el gran problema de la economía nacional. Porque la economía nacional lo que necesita no es "sostenibilidad" sino "competitividad", según acaba de poner de manifiesto el último informe del Banco Mundial.
El informe sitúa a España, para el año que viene, en el puesto 62 sobre un total de 183 países. En los últimos años, aun antes de comenzar la crisis económica y la secesión, el deterioro de la competitividad de las empresas españolas ha hecho que su posición en el ranking internacional descienda desde el lugar 31, que ocupaba en el 2006, al 62 previsto en el 2010... Curiosamente, según el informe, nuestro país sólo refleja un indicador favorable: el que mide la flexibilidad y rapidez para cerrar una empresa, que se sitúa en el puesto 19 de los 183 estudiados.
Difícilmente una ley como la aprobada, que tiene como meta final un cambio de modelo económico basado en el conocimiento y en las nuevas tecnologías (cuando en los últimos Presupuestos las partidas que más han bajado han sido precisamente las destinadas a I+D+i), genera la suficiente confianza entre los empresarios, que son los que, al fin y al cabo, crean empleo si los imputs que reciben son del tipo del Banco Mundial u otras señales negativas que no contribuyen precisamente a generar confianza.
Renunciando de entrada al modelo anterior, el mensaje que lanza el Gobierno es que tenemos que ir a un patrón de crecimiento "sostenible". Sostenible económicamente. Poniendo las bases para que nuestra economía esté basada en el crecimiento, el capital humano sostenible socialmente para crear un empleo de calidad y sostenible medioambientalmente apostando por las energías renovables.
Se ha satanizado al sector de la construcción, que ha sido clave en nuestra economía, un sector que comenzó a crecer con la entrada de España en el euro y con el crédito barato y siguió creciendo, sin ningún control, con los populares y con los socialistas, hasta convertirse en el mayor creador de empleo de toda Europa. El Gobierno debe de creer que los cambios de modelo se producen por decreto, cuando, en realidad, es fruto de años y años y, sobre todo, fruto de muchos pactos y del trabajo de generaciones, bien formadas cultural y profesionalmente. Algo que lleva tiempo, decisión y necesidad de consenso.
