El Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, imputado por el Tribunal Superior de Justicia (TS) de la Comunidad,de cohecho impropio por recibir regalos de la “trama Gürtel”, ha superado los dos “escaloncitos” que, según el, le quedaban para superar la situación “absurda” en la que se encontraba, y que ha sido un auténtico calvario para él, para el partido popular valenciano y para Mariano Rajoy, desde el pasado mes de Febrero.
Camps, que según el juez instructor Jose Flors, habría recibido como regalo trajes y calzado por un valor de varios miles de euros, al igual que el secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de la Consejera de Turismo Rafael Betoret, ha venido sosteniendo que el pagaba sus trajes y, en ningún momento, ha reconocido que recibiera ningún regalo a pesar de que así aparece en la contabilidad de la “trama Gürtel”. Y en las anotaciones desordenadas y a veces inconexas, de las tiendas Milano y Forever Young.
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, un sala de claro perfil conservador, ha aceptado los recursos de los tres implicados, ha archivado el caso y ha librado a la Comunidad Valenciana de un auténtico conflicto político que, probablemente, si el caso hubiese pasado a un Tribunal Popular, hubiera desemboscado en la dimisión provisional de Camps y su sustitución, interinamente, por otro candidato que probablemente hubiera sido Juan Cotino.
La sala que ha puesto fin a una de las mayores crisis del Partido Popular –sólo comparable al caso del Tesorero Nacional Luis Bárcenas- está formado por cinco miembros pero, a los efectos, sólo han participado tres de esos miembros: los magistrados Juan Francisco Ceres y Juan Montoro, y el propio Presidente del Tribunal Superior Juan Luis de la Rua, que, hace algo menos de un mes cumplió su mandato y está a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial decida sobre su destino y sobre su puesto.
De la Rua no sólo mantiene unas excdelentes relaciones institucionales con el Presidente de la Generalitat sino unas conocidas relaciones de amistad. Francisco Ceres ha intervenido en varios casos relacionados con el Partido Popular y en su momento archivó unas diligencias contra el Alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi por el “caso aparcamientos”, y contra antiguos concejales de urbanismo y tráfico del mismo Ayuntamiento.
Por su parte Juan Montero, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y magistrado de la Sala Civil y Penal desde hace veinte años, exculpó al alcalde de Alicante de un supuesto delito de desfalco de seis millones de euros de Mercalicante. En este caso de supuesto hecho impropio, ha sido el único de los magistrados que ha mantenido la tesis de que había que continuar la investigación, frente al criterio del Presidente de la Rua y de Ceres.
La decisión de la Sala, en un auto de sesenta y siete folios, ha supuesto una gran noticia para Francisco Camps que ha sufrido un auténtico calvario, un calvario que le ha cambiado el carácter, que le ha afectado profundamente y con el que ha tenido que convivir en medio de una fortísima presión mediática, que le ha desgastado personal y políticamente, aunque en ningún momento ha pensado tirar la toalla, especialmente después del espectacular triunfo electoral del partido en las últimas elecciones europeas.
Igualmente es una gran noticia para Mariano Rajoy que, en cierto modo, había unido su suerte a la de Camps, que fue su principal apoyo en el Congreso de Valencia en el que fue reelegido Presidente.
La solidaridad de Rajoy con Camps ha sido total, hasta el punto que estaba dispuesto a seguir apoyándole, incluso en el caso de que la Sala Civil y Penal (todavía cabe recurso ante el Tribunal Supremo) hubiese decidido seguir adelante, sentando al Presidente de la Generalitar Valenciana ante un Tribunal Popular.
Con el archivo de las actuaciones del juez José Flors, la imputación del Tesorero Nacional del Partido, el senador Luis Bárcenas y del diputado por Segovia Jesús Merino y, por último el pase también al Supremo del recurso que las acusaciones presentarán a la decisión de la Sala Civil y Penal del TSJ, es posible que todas las actuaciones pasen a la Sala Segunda del Supremo, después de que tanto el Senado como el Congreso de los Diputados concedan, a partir del mes de Septiembre, el correspondiente suplicatorio.
