Cerrada la carpeta de Euskadi donde la elección de Patxi López como lehendakari y la retirada de la política de Juan José Ibarretxe han supuesto la entrada de una ráfaga de aire fresco en la política del País Vasco y de España, el Gobierno ha abierto la "carpeta económica" con la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para debatir qué nuevas medidas se pueden tomar contra el paro y la "carpeta catalana" de cara al debate sobre el estado de la nación que se celebra la semana que viene en el Parlamento.
Con una cierta sensación de soledad, el Gobierno y los responsables del grupo parlamentario socialista (José Antonio Alonso y Eduardo Madina) han comenzado los contactos con los distintos responsables de los grupos parlamentarios para no encontrarse en la misma situación de hace dos semanas, cuando, por primera vez, gracias al pacto entre Convergència i Unió y Partido Popular sufrieron la primera derrota parlamentaria seria con la aprobación de una propuesta para, en aras de la austeridad administrativa, exigir al Gobierno la supresión de, por lo menos, un Ministerio.
Como el tema de la financiación no estará resuelto antes del debate del estado de la nación, ni antes de que se empiecen a votar las distintas mociones el día l9, el Gobierno ya ha anunciado que en el mes de julio estarán a punto las transferencia de los trenes de cercanía en Cataluña aunque queden todavía flecos por cerrar, especialmente cómo se financiarán esas transferencias por la que viene luchando el tripartito desde hace años.
Sin embargo, la alarma se ha instalado en ciertos sectores del Partido Socialista ante la posición del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Ridao, que acaba de sumarse a las posiciones del Partido Popular y ha pedido que el presidente del Gobierno se someta a una moción de confianza.
El PP, que se mueve entre la moción de censura y la solicitud de una moción de confianza (potestad exclusiva del presidente del Gobierno y que, además en estos treinta años sólo se ha utilizado dos veces: una por Adolfo Suárez tras la moción de censura socialista de mayo de 1980 y otra de trámite por Felipe González), se inclina por esa segunda opción aunque la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal no descarta que tras las elecciones europeas su partido se incline por la moción de censura.
Joan Ridao, consciente de que el PP no tiene ninguna posibilidad de presentar un candidato alternativo para esa "moción de censura constructiva", cree que lo más efectivo es presionar al Gobierno con la exigencia de una moción de confianza, después de la desilusión que ha producido la formación del nuevo Ejecutivo y visto el dramático panorama económico y la situación del paro por la que atraviesa el país.
Esa sorprendente pinza entre los independentistas catalanes y los populares indica que la semana que viene el Gobierno se va a ver en dificultades para sacar adelante sus propuestas durante el debate del estado de la nación y que, incluso, se puede encontrar con la sorpresa de que se forme un frente entre populares y nacionalistas que actúen al unísono para propiciar un voto de castigo al Ejecutivo.
Que un hombre como Ridao, de Esquerra Republicana de Catalunya, que forma parte además del tripartito catalán, se sume a las posiciones del Partido Popular y se apunte a exigir a Zapatero, nada más y nada menos, una "moción de confianza", indica hasta qué punto ha llegado la desconfianza del tripartito catalán con el presidente y hasta qué punto esa desconfianza se ha instalado en el Gobierno que preside José Montilla.
Y hasta qué punto ha cambiado el Partido Popular, dispuesto a cualquier tipo de pacto con tal de castigar al Gobierno.
Simultáneamente a este acercamiento del PP a Esquerra (o de Esquerra al Partido Popular), la responsable del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, hacía un llamamiento a Convergència i Unió para que, aparcado el soberanismo, se pueden tender puentes... contra el Gobierno.
