"Jurídicamente tranquilos, políticamente preocupados, emocionalmente desbordados". Éste es el estado de ánimo en la calle Génova, sede del Partido Popular, ante la marea desencadenada por la 'operación Gurtel', que cada día que pasa tiene más ramificaciones y vericuetos.
Jurídicamente tranquilos, sobre todo, porque los máximos dirigentes populares están convencidos de que detrás de todo ello no hay ninguna operación de financiación del partido, ni hay similitud con el 'caso Filesa-Malesa-Time Export', un caso de corrupción que afectó a la financiación ilegal del Partido Socialista. Especialmente en la campaña electoral de l989, y que terminó con la imputación de 39 personas (algunas de ellas con importantes puestos de responsabilidad dentro del PSOE), procesadas por falsedad en documento mercantil, delito monetario, tráfico de influencias, apropiación indebida y asociación ilícita.
De ese escándalo surgieron posteriormente otros que afectaban a comisiones en la construcción y desarrollo del AVE, el tren de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, en el que apareció implicada la empresa alemana Siemens.
Tanto la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, como el portavoz de Justicia Federico Trillo han salido a la palestra para insistir en que ni un solo euro de las empresas del imputado Francisco Correa ha ido a parar a las arcas del partido.
Eso es lo que salió a relucir en la reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo convocada por Mariano Rajoy, que aunque en privado dice que no está dispuesto a poner la mano en el fuego por nadie (algo que sí ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, por algunos de sus colaboradores más cercanos), sí parece estar seguro de que no hay pruebas de que la trama descubierta y que está investigando el juez Baltasar Garzón conduzca a ninguna de las terminales del partido.
Algunos de los que asistieron al citado Comité Ejecutivo, que fue planteado como una auténtica "catarsis" dentro del partido, se extrañan, sin embargo, de que a lo largo de la reunión no tomase la palabra el tesorero del partido, Luis Bárcenas, acusado por Correa de haber recibido mil millones (se supone que de pesetas) durante los últimos años, según una de las grabaciones que realizaron clandestinamente, al parecer, dos ex concejales del Ayuntamiento madrileño de Majadahonda...
Esas grabaciones, que serían ilegales y que no servirían como prueba, son las que se están filtrando a la prensa a pesar de que el sumario, en contra de la petición del PP, sigue siendo secreto.
Esos mismos asistentes se extrañan igualmente de que Bárcenas, un buen profesional relacionado con las finanzas y la economía del partido desde hace veinte años, primero como gerente y después como tesorero (es el que substituye a Álvaro Lapuerta), no apareciese en la foto en la que todo el Comité Ejecutivo aparece detrás de Mariano Rajoy como signo inequívoco de apoyo. En esos momentos Bárcenas prefirió permanecer encerrado a solas, en su despacho de la calle Génova, notablemente afectado por unas filtraciones periodísticas que ponen en duda su honorabilidad, cuando fue precisamente él el que más influyó en el año 2004 para que se pusiese fin a los contratos del partido con las empresas que han provocado el gran escándalo que tiene sumido en el desconcierto al partido.
Para Trillo, la trama que investiga el juez Garzón "es un caso absolutamente distinto al 'caso Filesa' de financiación irregular del PSOE". Igual posición ha adoptado la secretaria general María Dolores de Cospedal, quien, después de anunciar la apertura de expedientes informativos para los imputados que pertenecen al partido, algo que se había negado a hacer el partido en Madrid, ha aclarado que la trama que salpica al PP "no es una trama del Partido Popular ni de su financiación, sino que se trata de un aprovechamiento del buen nombre del partido para que algunos se enriquezcan o concedan contratos empresariales".
