El Gobierno se niega a hacer autocrítica de su actuación en la crisis del atunero vasco Alakran, secuestrado por piratas somalíes y liberado después de casi cincuenta días de intensas negociaciones políticas, diplomáticas y judiciales, con el argumento de que, en efecto, los únicos responsables del secuestro son los piratas, a los que no se sabe si, en estos momentos, la Armada española, dentro de la 'operación Atalanta', intenta detener.
Ni el presidente del Gobierno, que con gesto serio y mirada huidiza -más pendiente de las notas y del guión que llevaba escritos que de las preguntas de los periodistas o de las cámaras de televisión- daba la noticia de la confirmación de la liberación de los rehenes, ni la vicepresidenta, máxima responsable de la "célula de crisis", que ha seguido el caso desde el Palacio de la Moncloa, han querido dar el mínimo detalle del final del secuestro, ni han querido hacer la mínima autocrítica, reconocer errores o abordar siquiera fallos de coordinación entre ministerios.
Eso sí, con todos los miembros del "gabinete de crisis" en primera fila para demostrar unanimidad y coherencia (la ministra de Defensa, Carme Chacón, obligada a volver de Bruselas para estar presente en la comparecencia de De la Vega, los ministros Moratinos y Elena Espinosa, recién llegados de Roma, así como el director del CNI, Félix Sanz Roldán, y el JEMAD, José Julio Rodríguez Fernández), la vicepresidenta del Gobierno, que durante estos días ha sido objeto de todas las críticas y de enfrentamientos con la ministra de Defensa -la cara y el gesto de Carme Chacón eran significativos-, no ha aclarado ningunas de las incógnitas con las que se enfrenta la opinión pública.
Ni si se está persiguiendo a los secuestradores. Ni si hay intención de actuar contra ellos en tierra. Ni si el Gobierno sigue negociando un convenio con Somalia para que los piratas en España puedan ser trasladados al país africano. Ni si hay algún documento firmado para que vuelvan a su país de origen. Ni si hay previsto un posible indulto. Ni siquiera si, efectivamente, la cantidad entregada a los piratas se eleva a 2,3 millones de euros.
Presidente y vicepresidenta, refugiados en la seguridad nacional, en la prudencia y en el sentido de la responsabilidad, no han querido entrar en detalles, argumentos que servirán de poco cuando, a partir de hoy mismo, se empiece a pedir responsabilidades en el Parlamento tras el pacto de silencio establecido con la oposición, especialmente con el Partido Popular.
La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, preguntará a la vicepresidenta De la Vega en la sesión de control al Gobierno sobre la coordinación en el gabinete de crisis y las diferencias surgidas dentro del mismo a raíz de la decisión de trasladar a España a los dos piratas ya procesados con urgencia por el juez Santiago Pedraz y pendientes de juicio en la Sala de lo Penal.
El jueves, roto ya el pacto de silencio, el Partido Popular presentará una moción que se debatirá y votará en el Pleno en la que habla de la "incapacidad del Gobierno" en el caso del secuestro del atunero vasco y en la que solicitará, de nuevo, la presencia de las Fuerzas Armadas en los barcos que faenan en el Índico, como ha hecho Francia, y no mercenarios como ha decidido el Gobierno y que ya han embarcado en la totalidad de la flota española.
Aunque no quiera el Gobierno, no tendrá más remedio que explicar muchos detalles que a la opinión pública le parecen inexplicables...
