Con la reunión que este fin de semana tendrá el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con todos los barones socialistas después de la aprobación del nuevo modelo de financiación por los miembros del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), se da por cerrado el debate del reparto de los fondos que corresponden a cada Comunidad Autónoma, aunque, de hecho, está basado en un modelo virtual que depende de la recaudación de los distintos impuestos y, cómo no, de las subidas que ya se han producido en los impuestos sobre el tabaco y la gasolina y otras que se están estudiando, y que afectarán, especialmente, al Impuesto sobre las Grandes Fortunas (IGF) y a los retoques que se produzcan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Con esta reunión, el presidente del Gobierno quiere disipar las reticencias que se han producido en algunas Comunidades gobernadas por el PSOE, que han aceptado el modelo por disciplina, pero que no ocultan su preocupación por la forma en que se ha llevado la negociación (la bilateralidad entre la Generalitat catalana y el Gobierno de España) y por el fondo: que Cataluña, una de las Comunidades más ricas y con mayor renta per cápita de España, es la que más vaya a recibir del Estado y, al mismo tiempo, sea la que menos va a aportar.
Al final, los representantes autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se han movido más por disciplina de partido (salvo el consejero de economía de Ceuta, ciudad autónoma, gobernada por el PP, que ha votado en contra del criterio de Génova) que por los intereses de la Comunidad a la que representan, o por si el reparto es justo para sus ciudadanos.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha intentado justificar la abstención con la que se ha obligado a votar a todos los representantes autonómicos, en la necesidad de coger el dinero para los servicios básicos (sanidad, educación y prestaciones sociales), que en estos momentos arrojan en casi todas las Comunidades un notable déficit...
La Comunidad más remisa a esa orden de la dirección del PP ha sido la de Madrid, seguida por la Comunidad de Castilla y León y la de Galicia, que ponen en duda el acierto político de la discutida decisión...
Esperanza Aguirre, que había anunciado su voto radical en contra porque, según ella, el modelo establece tres tipos de ciudadanos: de primera (según ella, los catalanes), de segunda (los andaluces) y de tercera (los madrileños), y porque va en contra de una política de bajar impuestos, fue obligada, a última hora, por decisión de Mariano Rajoy, para defender lo que la dirección del PP cree que es la unidad del partido, a abstenerse, posición muy discutida por el consejero de Economía de la Comunidad madrileña, Antonio Beteta, que una y otra vez no ha parado de repetir que fue obligado a cambiar de voto.
Aunque puede justificarse en aras de la eficacia y de la necesidad de disponer de los fondos de financiación, es difícilmente comprensible desde el punto de vista político abstenerse en la votación de un modelo que el Gobierno no ha querido pactar con el principal partido de la oposición, que se rige por una ley, una Ley Orgánica, la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), que constituye uno de los pilares del funcionamiento de un modelo de Estado, el Autonómico, que ya se anuncia que esa abstención se volverá a repetir, según ha anunciado el portavoz de Economía en el Congreso, Cristóbal Montoro, en la discusión de la Ley en el Parlamento y que, eso sí, se cambiará radicalmente en caso de una victoria popular en las próximas elecciones generales. Todo un brindis al sol.
