El Gobierno, el tripartito que gobierna desde la Generalitat, y Convergència i Unió han recibido con preocupación, y no contenido malestar, la información hecha pública por el periódico El País sobre el nuevo "bloqueo" en que se encuentra la sentencia del Tribunal Constitucional, después de tres años de que fuesen presentados los distintos recursos y la oposición de la mayoría de los magistrados a la aceptación del término "Nación" ni siquiera en el Preámbulo, que según unos impregna todo el contenido del Estatuto y, según otros, no tiene valor jurídico.
Después de tres años de debates e intentos de pactos, no sólo se ha alcanzado el necesario "consenso" entre magistrados "conservadores" y "progresistas", sino que ha cambiado, además de la composición del Tribunal (por la muerte de uno de los magistrados, Roberto García Calvo, y por la reacusación de otro, Pérez Tremp), la posición adoptada por el magistrado Manuel Aragón, propuesto por los socialistas, que se ha pasado al sector conservador en todo lo que se refiere a la constitucionalidad del término "Nación", a los derechos nacionales de Cataluña, a sus principales signos identitarios e, incluso, según otras fuentes, a la bilateralidad entre Cataluña y España, una de las cuestiones más discutidas por otras Autonomías.
Fuentes jurídicas que en su momento tuvieron responsabilidades en el Constitucional aseguran que, tal como está la relación de fuerzas, el Estatuto, que para muchos es una Constitución, puede verse afectado en una tercera parte en los más de 120 artículos impugnados por el Partido Popular, y eso sin contar con los recursos presentados por el Defensor del Pueblo y las Comunidades de Aragón, La Rioja, Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana...
Las reacciones a la filtración de la noticia sobre lo que supone que el Estatuto quede todavía mucho más "limpio que una patena", como se comprometió Alfonso Guerra cuando comenzaron los debates en la Comisión Constitucional a la propuesta que llegaba al Congreso de los Diputados procedente del Parlamento de Cataluña, que posteriormente fue aprobado por el Pleno del Congreso y ratificado en referéndum con una escasísima participación y por un escaso margen, no se han hecho esperar.
El presidente de la Generalitat, en un homenaje a Ernest Lluch y basándose en criterios de dos de los padres de la Constitución (Miquel Roca y Rodríguez de Miñón), ha advertido al Constitucional de la importante responsabilidad que tiene en su manos, en lo que es la sentencia más importante en estos treinta años de democracia.
"Tenemos una Constitución -les ha dicho Montilla a loa magistrados- que quiere proteger a los pueblos de España y no tiene que servir de pretexto para recortar el autogobierno acordado entre dos Cámaras legislativas y refrendado por el pueblo. Quiero recordar, por tanto, a aquellos que tienen la alta responsabilidad de velar por la constitucionalidad de nuestras leyes, que la interpretación de la Constitución no tiene que dañar en ningún caso el carácter abierto e inclusivo del texto constitucional."
La Constitución, que "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones", tiene que ser leída desde la mirada generosa de los que la votamos, al servicio de un pacto político y de un proyecto compartido... Lo que ayer fue escrito, acordado y votado para unir no puede servir hoy para dividir. Éste es el verdadero espíritu constitucional. Espero que nadie dañe de forma temeraria e imprudente este espíritu".
Más radical se mostró, sin embargo, su socio de gobierno el secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Ridao, que junto al otro socio que gobierna la Generalitat, Iniciativa-Verds, ha puesto en duda la legitimidad del Constitucional asegurando que está "instrumentalizado y politizado". Saura incluso ha pedido la dimisión en bloque de todos sus miembros.
Es decir, que la sentencia del Constitucional no sólo puede provocar una auténtica crisis política nacional, sino la posible ruptura del tripartito a menos de un año de las elecciones autonómicas catalanes.
