Presionado -y en ocasiones atacado con dureza- por los familiares que han conseguido movilizar a la opinión pública y a sus conciudadanos de Vigo y Bermeo; criticado por el principal partido de la oposición, que se escuda en que ya pidió en su momento la presencia de infantes de Marina especializados a bordo de los barcos que faenan en lo que se ha convertido en el mar más peligroso del mundo, el Índico; ignorado por los jueces, que insisten en que en estos momentos, con los instrumentos legales que tienen en sus manos, no pueden entregar a los dos piratas que habían participado en el secuestro; ninguneado por los secuestradores, que han rechazado el rescate ofrecido y pactado de más de dos millones de euros (casi cinco veces lo que se pagó por la liberación del Playa de Bakio, el Gobierno intenta desesperadamente encontrar una salida para la liberación de los 36 tripulantes del Alakrana, cuando el secuestro está a punto de entrar en su sexta semana.
Abiertas todas las opciones, incluso la militar, en la que intervendrían comandos de Infantería de Marina y equipos especiales de buceo, el Gobierno intenta, sin embargo, resolver el problema sin arriesgar la vida de ninguno de los tripulantes, aunque los franceses están prestando todo tipo de apoyo estratégico, logístico y de inteligencia y tienenen planes de intervención similar a los que ellos han llevado a cabo en dos ocasiones, una de ellos con el resultado de un secuestrado muerto.
Mientras la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, intenta dirigir el "gabinete de crisis" desde Argentina (nadie se explica que no haya suspendido un viaje que carece de importancia ante la grave crisis nacional creada por el secuestro del Alakrana), es el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y no la ministra de Defensa, Carme Chacón, el encargado de dar la cara, algo que ha sido interpretado como una vuelta a la diplomacia y un esfuerzo por parte de profesionales del Ministerio para reconducir el problema.
Por lo pronto, el domingo, el primer ministro de Somalia se reunía con el embajador español en Kenia (y acreditado en Mogadiscio), Nicolás Martín Cinto, marginado estos últimos días de las negociaciones que se estaban llevando a cabo, casi exclusivamente, por agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), enviados a la zona... por la ministra de Defensa.
Pero tampoco la diplomacia puede hacer mucho con las autoridades de un Estado fallido como es Somalia, dominado por los señores de la guerra y que ha hecho del secuestro una auténtica industria nacional.
Es decir, que aunque el Gobierno insiste en que todas las opciones están abiertas, la dura realidad es que todas son malas, a menos que la opinión pública perciba que se actúa como un Estado que no admite el chantaje y que es capaz de defender los intereses nacionales sin que resulte dañado el prestigio del país y de sus Fuerzas Armadas a la vez que se rescata sanos y salvos a los secuestrados.
De todas formas, cuando se produzca el final del secuestro tendrá que abrirse un debate sobre el comportamiento y la actuación del Gobierno; sobre su empecinamiento en que, al igual que hacen Italia y Francia, sean las Fuerzas Armadas las que protejan a los barcos que faenan en el Índico; sobre la posibilidad de cambiar la legislación que, según Defensa, impide la presencia armada en los barcos que, en todo caso, pagarían íntegramente los dueños de los atuneros; sobre la información, alguna de ella errónea, que han dado a los familiares; sobre la jurisdicción que hay que aplicar, que tendría que ser común para todos los países de la Unión, implicados en la 'operación Atalanta', y sobre los convenios de cesión que hay que firmar para evitar el conflicto judicial que se ha producido y que puede prolongar el secuestro, si los piratas se empeñan, como hasta ahora, en que los detenidos en España sean trasladados a Somalia (algo que se descarta totalmente por el momento), un país en conflicto civil, étnico y religioso desde hace veinte años.
