Después de cuarenta días, el presidente del Gobierno se ha pronunciado en torno al secuestro del atunero Alakrana para tranquilizar a la opinión pública y anunciar que el conflicto parece que está "encauzado", para solicitar el apoyo de la oposición, después de dos conversaciones telefónicas con el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, y para solicitar prudencia a los medios de comunicación, para que el final del secuestro, que a pesar de todo se presenta "largo y difícil", tenga un final feliz, sobre todo para los treinta y seis tripulantes del barco, dieciséis de ellos españoles que tienen su residencia en el País Vasco y en Galicia.
La intervención presidencial, realizada desde Polonia, donde se encuentra en viaje oficial, no sólo ha sido necesaria, después de las críticas recibidas por quien viene presidiendo el llamado "gabinete de crisis" de la Moncloa, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, de viaje oficial en Argentina, sino que, en cierto modo, se echaba en falta dada la gravedad de la situación y de la sensibilidad de la opinión pública ante uno de los sucesos que más la han conmovido y preocupado ya que nadie sabe cómo puede terminar, especialmente por las dificultades jurídicas que presenta el problema de la liberación de dos de los piratas, encarcelados en Madrid y a disposición de la Audiencia Nacional, y cuyo traslado a Somalia piden los secuestradores como condición previa a cualquier negociación.
El Gobierno, después de haber permitido la intervención del abogado del Estado que provocó la orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para el traslado a España de esos dos piratas que participaron en el secuestro del Alakrana cuya liberación ahora se reclama, intenta en una auténtica filigrana diplomático-jurídica, encontrar una solución que, dentro del Estado de Derecho y de la independencia del Poder Judicial, contribuya a la solución del conflicto.
Para eso, fuentes judiciales, que recuerdan que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió por unanimidad que a los detenidos hay que aplicarles la legislación española y ordenó al juez Santiago Pedraz que continuase con la instrucción del correspondiente sumario, afirman que se pretende acudir a la llamada "cesión de soberanía", una figura que se intenta forzar del texto aprobado de reforma del Consejo General del Poder Judicial que entró en vigor el pasado 5 de noviembre.
Hasta ahora, el traslado a Somalia de los dos piratas detenidos en España era imposible, según la Audiencia Nacional.
Desde ahora, no sólo es posible, sino que es el único mecanismo jurídico y diplomático en el que se está trabajando para que la negociación, según la expresión de Zapatero, se pueda "encauzar". Y ese encauzamiento pasa por la firma de un convenio de "cesión de jurisdicciones" con Somalia, país con el que España tiene congeladas las relaciones desde el año 1991, conclusión a la que habría llegado el embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto, tras su entrevista el domingo en Nairobi con el primer ministro de Somalia.
De esta forma, los dos piratas serían juzgados en España y cumplirían la pena en Somalia si piden la extradición o, por el contrario, se autorizaría el juicio en Somalia siempre que estuviese bajo supervisión de jueces de la Audiencia Nacional.
El propio juez Baltasar Garzón, que en sustitución de Santiago Pedraz aceptó la petición del abogado del Estado de trasladar a España a los piratas detenidos por la Marina española, ha afirmado que sin aceptar el chantaje de los piratas existen mecanismos jurídicos para llegar a una solución aceptable.
