No se explica que quienes están convencidos de la constitucionalidad del nuevo Estatuto de Cataluña -no escribo Estatut porque utilizo el castellano- pidan al Partido Popular la retirada de su recurso en aras de la concordia entre las tierras y los pueblos de España, como se decía antes. Todos los españoles tenemos interés en que nuestra Carta Magna no sufra ningún recorte fraudulento por vía estatutaria, pero no podemos dirigirnos individualmente al Alto Tribunal. De ahí que, sea cual fuere la sentencia sobre el Estatuto, sólo a través de sus razonamientos y de su fallo se disiparán, en la medida que corresponda, las dudas sobre su encaje en nuestro Estado de Derecho.
Si la constitucionalidad del Estatuto no presentara sombras en materias de tanta envergadura como el uso de la palabra "nación" -aunque sea en el preámbulo-, la obligatoriedad del conocimiento de la lengua catalana, la fragmentación de la Justicia y la bilateralidad en algunas cuestiones de Estado, no habría ni recursos ni espera tensa del pronunciamiento judicial ni reproches a los recurrentes, entre los que se halla también, aunque pase a veces inadvertido, el Defensor del Pueblo.
Las palabras del presidente de la Generalidad pidiendo que el PP desista de su impugnación es la prueba del nueve en el temor al recorte sustancial de un texto que habría quedado limpio como una patena tras pasar por las Cortes Generales. Alfonso Guerra dixit.
La tardanza del Tribunal Constitucional en dictar sentencia, mientras que se desarrolla el Estatuto a marchas forzadas y se multiplican los hechos consumados, revela el desacierto en la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad. Con él no habríamos llegado a esta situación. Debería haberse mantenido para los Estatutos, dándoles además una preferencia absoluta e incluso fijando un plazo para resolver.
Llevamos casi cuatro años a la espera de una sentencia que se retrasa sine die entre filtraciones, recusaciones, prórroga indefinida de magistrados que debieron cesar hace mucho tiempo, campañas mediáticas bien sincronizadas y declaraciones inoportunas -¿o muy oportunas?- de relevantes políticos que pronostican toda clase de desgracias si el Tribunal Constitucional no se plegara a sus deseos. Se pide una sentencia más política que jurídica porque el Estatuto ya fue aprobado por el Parlamento de la Comunidad Autónoma y por las Cortes Generales, amén de refrendado en Cataluña.
El problema comenzó con aquello de la nación "discutida y discutible" y "la nación de naciones". Ahora, la "gran sentencia" que espera el presidente Rodríguez Zapatero llega demasiado tarde en todos los sentidos.
