"El foro ibérico (I)" de la semana pasada trató de explicar por qué el honorable señor Millet, supuesto saqueador de los fondos del Palau de la Música de Barcelona, ni estaba en prisión provisional ni era probable, antes al contrario, que llegara a ver el interior de una cárcel si fuera condenado. Hoy toca hablar de otro esperpento, el de las tribulaciones del joven somalí que -siempre presuntamente, no faltaba más- participó en el secuestro del pesquero español Alakrana.
La captura de Abdu Willy, que así se llama por ahora el mozuelo, ha puesto de relieve lo complicado que resulta su persecución legal. Desde que pisó territorio español en la fragata Canarias la opinión pública ha seguido con sorpresa las incidencias procesales de cada día. En versión forense de la patata caliente, o de la "falsa monea" que iba de mano en mano y ninguno se la quedaba, el caso ha ido rebotando de un juez a otro. Las claves del espectáculo se sitúan en dos planos. El primero es el legislativo.
El delito de piratería, recogido en el Código Penal de 1973, desapareció en el vigente de 1995. El mismo que, conforme a los autoelogios oficiales serviría de modelo como pica de nuestro legislador en Flandes. El mismo también que ya ha sido parcheado por -¡se dice pronto!- veintitantas leyes orgánicas que han modificado, en ocasiones por tercera y cuarta vez, centenares de sus artículos. Actualmente se prepara una nueva reforma que afectará a unos ciento cuarenta. De otro lado, el enjuiciamiento de los delitos cometidos en el extranjero se confía a la Audiencia Nacional, pero el listado de supuestos no incluye la piratería. Sucede, además, que el juez central de menores no extiende su competencia a todos los delitos de los que conoce la Audiencia Nacional, sino sólo a los de terrorismo. El resto queda en un limbo jurídico.
Ya en el terreno judicial, la partida se juega a tres bandas. Un juez de guardia, Baltasar Garzón, interviene dando por buena la mayoría de edad del detenido. Luego, el juez de instrucción al que le corresponde el caso por reparto, Santiago Pedraz, cree que las prueba médicas no acreditan esa circunstancia y remite las actuaciones al juez central de menores. Y éste, José Luis de Castro, rechaza el envío. El suspense se prolonga hasta que el Pleno la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -18 magistrados salvo error u omisión- concluye que el joven somalí es mayor de edad y acuerda que el juez de instrucción continúe con las diligencias. Se diría que un problema semejante nunca se habría planteado hasta ahora: ¿qué hacer en caso de duda o cuando éstas no se disipan por completo?
Tenemos, de otro lado, que eso de poner al detenido a disposición del juez más próximo en el término de 72 horas y de celebrar una vista con el fiscal, el propio detenido y su abogado para acordar, si procediera, su prisión provisional, se complica bastante cuando el interesado se encuentra en un barco a miles de millas de distancia de cualquier puerto español y no es posible su rápido traslado a Madrid. La cuestión presenta, además, otra preocupante faceta. Los tribunales no pueden atender a razones de oportunidad por mucho que tiendan a facilitar la liberación de los marineros secuestrados. Quizás haya que pagar un rescate mayor, pero aquellas consideraciones sólo pueden canalizarse a través de un indulto tras la condena en firme. Así, pues, un callejón sin salida.
Y aún cabe añadir un apunte. El internamiento de un menor de 18 años en España no puede superar los cinco años frente a los treinta de prisión con que se le hubiera podido castigar de haber nacido unos minutos antes. Siempre a la cabeza del progreso, miramos por encima del hombro a otros países, como Alemania, donde la duración máxima del internamiento se duplica hasta los diez años, lo que reduce un poco la enorme brecha entre el Derecho Penal común y el Derecho Penal de los menores.
Los mimbres que el legislador pone a disposición de los jueces no son los mejores para confeccionar un buen cesto.
