Las cifras del paro ocupan por derecho propio el primer lugar entre los escándalos de la actualidad española. La escalada se inició hace unos meses pero la tendencia al alza continúa. Casi cuatro millones de personas sin empleo suponen un porcentaje que duplica la media en los países de la Unión Europea. Y si escandalosa fue la postura del Gobierno negando la evidencia, no lo fue menos su reacción al tildar de antipatriotas a cuantos nos negábamos a comulgar con las ruedas de molino.
El 'caso Gürtel' es otro racimo de escándalos. Hay uno básico y varios a su alrededor. Sea cual fuere el desenlace judicial del culebrón, resulta obvio que a la sombra del PP se han enriquecido criminalmente, o al menos ilícitamente, bastantes sinvergüenzas de fuera y de dentro. No parece haber pruebas de una financiación ilegal del partido, a diferencia de lo ocurrido con la planificada corrupción empresarial del PSOE en los últimos tiempos de Felipe González. No se han descubierto 'filesas', pero sorprende que la metástasis se haya podido extender tanto sin que los llamados a remediarla cumplieran con su obligación.
Por si la gravedad del propio 'caso Gürtel' no fuera bastante, pronto se le sumó la filtración en cadena de secretos oficiales a muy concretos medios de comunicación para montar un juicio paralelo en el que ni las personas cuyos nombres iban saliendo a colación ni el mismo PP podrían defenderse. La impunidad de estos delitos de revelación de secretos está siendo una regla sin excepción. Y los delincuentes son, para más "inri", supuestos servidores de nuestro Estado de Derecho.
Pero hay más. Hace sólo unos días el 'caso Gürtel' ha afectado gravísimamente a los derechos fundamentales de las personas en general y de los presos preventivos en particular. El Consejo General de la Abogacía ha emitido un comunicado expresando su honda preocupación por la intervención judicial de las conversaciones telefónicas entre algunos presos en aquella causa y sus abogados defensores. Están en juego, de un lado, los derechos a la intimidad personal y, de otro, a la tutela judicial efectiva en un procedimiento penal.
Nuestro ordenamiento sólo permite tales intervenciones en relación con el terrorismo o cuando existan indicios razonables de que el abogado participa en la actividad delictiva. Además, a la gravedad del hecho en sí mismo se añade el riesgo de la anulación de estas pruebas y de las contaminadas por ellas. Recuérdese el 'caso Naseiro', que no llegó a juicio precisamente por la invalidación de algunas grabaciones.
Y aún resta otro escándalo, probablemente el más grave, que quizá por la resonancia del 'caso Gürtel' no ha tenido el eco que merece. Se trata del chivatazo al dueño o encargado del bar Faisán, en Irún, para que se pusiera a salvo de una operación policial. Eran los tiempos de la negociación con ETA, de sus hombres de paz, de la vergonzosa excarcelación de De Juana Chaos y del polvo del camino en las togas de los curiales. Sólo en ese marco cabe entender lo ocurrido.
Al impedir la detención de quien se dedicaba al cobro del llamado impuesto revolucionario se cometió un delito de colaboración con el terrorismo, agravado además por la condición del soplón. Un policía prestó su teléfono móvil al etarra para que oyera el mensaje de una de las pocas personas conocedoras de la inminente operación. Ahora, después de tres años, nos enteramos de que el Ministerio del Interior ha sido incapaz de identificar tanto a los autores directos como a los indirectos de este delito de lesa patria. Todo resultó más fácil con los teléfonos de los terroristas del 11-M. Éste es el último gran escándalo. Por ahora.
