La nueva ley del aborto reconocerá el derecho de la mujer a matar al ser que lleva en sus entrañas. O se lo concederá, pues no lo tenía anteriormente. Hasta ahora, en España al menos, todas las criaturas humanas, incluido el feto, disfrutaban del derecho a la vida. Se podría matar en legítima defensa o en estado de necesidad, sopesando los derechos en conflicto, pero nunca dejando la muerte -asesinato, homicidio, infanticidio o aborto provocado- a la voluntad soberana del matador (o de la matadora). En ese sentido se pronunció en su día nuestro Tribunal Constitucional.
La vida del nasciturus está protegida por el art. 15 de la Constitución -"todos tienen derecho a la vida"- pero su sacrificio podría justificarse por los riegos del embarazo y del parto para la vida o la salud de la mujer en un caso concreto. De ahí la constitucionalidad del sistema de indicaciones todavía vigente y las dificultades para aprobar una ley de plazos que permita matar sin explicaciones ni condicionamiento alguno. O sea, vogelfrei, como dicen los alemanes. Con otras palabras, como se mata a un pájaro (siempre que no pertenezca hoy a una especie protegida).
No se trata de mirar a nuestro alrededor, ni del juego de las mayorías parlamentarias, ni siquiera de que la ley de plazos, ausente del programa electoral del PSOE, no responda a ninguna demanda social. Es probable que su promulgación poco altere el número de abortos practicados conforme a la ley vigente, en cuya aplicación el peligro para la salud psíquica de la madre no pasa de ser una cláusula de estilo. La cuestión es de principios. La impunidad por la justificación en determinados supuestos, aunque se multipliquen en la práctica, dejaría paso a un escalofriante derecho a matar que asume la equiparación de cierto feminismo radical entre el feto humano y la verruga o el juanete. Renunciamos a pagar con su propia moneda a los asesinos y terroristas, pero la mujer embarazada dispondría de licencia para matar alevosamente a la más inocente de las criaturas. Tanto que ni siquiera su procreación y venida al mundo de los seres vivos ha sido culpa suya.
Dejando de lado los argumentos y pretextos que puedan esgrimirse a su favor, es lo cierto que el sistema de plazos configura el único derecho conocido a matar a un ser humano por decisión exclusiva de otro. Todo lo demás es hojarasca de falso progresismo. Si el límite cronológico de aquella facultad se calcula conforme a la viabilidad del feto fuera del claustro materno, los adelantos científicos y médicos irán recortando paulatinamente el ámbito del novedoso derecho. Dos progresos en sentido contrario.
Hasta hace poco sólo James Bond disfrutaba de una licencia semejante, pero sus víctimas no eran fetos indefensos sino peligrosísimos criminales. La realidad supera de nuevo a la ficción. En esta ocasión, desgraciadamente.
