Era lo que faltaba para que fuese más radical y profunda la crisis económica en España. Faltaba que el Gobierno, representado por el ministro de Trabajo, se sumara a la fantasmada tramposa de los sindicatos de amenazar con la huelga general si se toca el insostenible estatus de las relaciones laborales, identificado desde el consenso independiente como la primera y casi única causa estructural de que el paro en España sea el más grave y numeroso de la Unión Europea.
El ministro Corbacho se ha puesto en cabeza de la inducida manifestación sindical contra los empresarios; inducida porque los sindicatos, uncidos por malversación institucional a los Presupuestos Generales del Estado, existentes sólo como quien dice en la empresa pública, han hecho lo que este Gobierno -reculado en su misma irreal, fantasmal y suicida ecuación ideológica- les ha dicho y les dice que digan y hagan.
En el fondo de todo este disparate frentepopulista, lo que se encuentra es la última pirueta del presidente Rodríguez ante la catástrofe: el salto desde la nesciencia del optimismo antropológico ante la crisis, a la ética y la estética de la huelga general contra los empresarios, después del auto sacramental que, previamente, le han montado al gobernador del Banco de España (un responsable no pactado con la oposición sino impuesto por militante socialista desde la Moncloa) por sostener, al respecto, la misma tesis que la CEOE e idéntico análisis que la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y todos los medios institucionales y periodísticos independientes.
¿Será capaz de percibir y entender este Gobierno las consecuencias internacionales que se pueden derivar sólo de la simple amenaza esgrimida por los sindicatos -tan callados hasta ahora cuando en Europa las demás centrales ya se manifestaron hace mucho ante la crisis y el paro-, el coste que puede tener una situación como la descrita sobre la deuda externa que habrá de contraerse para financiar el disparado déficit presupuestario? Ningún Gobierno de los 27 integrados en la Unión Europea ha tomado ante el paro y la crisis que lo genera una actitud semejante o parecida a la que define el de España, promoviendo una campaña política y social contra los empresarios como respuesta y remedio ante el desplome del empleo.
¿Para qué quiere el presidente Rodríguez llevar su representación de España al G-20? Ciertamente que no para defender un disparate como el representado por su ministro de Trabajo, al endosar la amenaza de los sindicatos contra el empresariado. Más posiblemente que sí, para dos cosas. Una, para hacer como que se hace y se actúa frente a la crisis y ocultar la pasividad. Y dos, para subrayar e insistir en que el paro en España es una variable que únicamente depende de la crisis económica general, en la que todas las naciones aparecen envueltas, no teniendo nada que ver en ello los errores y omisiones en que ha insistido e insiste todavía su Gobierno. Es lo que ha sostenido desde el principio, cuando ya no le quedó otra salida que reconocer la propia existencia de la crisis. Sólo le faltaba, con lo de la CEOE, la lucha de clases como argumento.
