Será lo más conveniente para los intereses españoles en el exterior que se cambie cuanto antes la norma que permite a los jueces españoles incursos en la tentación garzoniana del famoseo, entrar en asuntos que no son de incumbencia nacional y sí propios de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Fuera de ésta, y para las materias que a la misma corresponde juzgar, todo se resuelve actualmente en supuestos de injerencia -por jueces españoles- en otras jurisdicciones; es decir, en asuntos para los que carecen de legitimación.
Dos cosas tiene sucesivamente dichas al respecto el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a propósito de la querella admitida por el juez Fernando Andreu contra un ministro de Defensa israelí, por la muerte en Gaza, en el año 2002, de 14 civiles palestinos a manos del Tashal, el ejército judío. Primeramente, que el Poder Judicial es libre y que, por tanto, nada puede hacer el Gobierno, pese a que esa iniciativa judicial complica o desvirtúa lo poco o lo mucho que pudiera quedar útil de la última iniciativa española en Oriente Próximo.
Con posterioridad, a la vista de la lógica acogida que ha tenido en Israel la admisión de la querella en la Audiencia Nacional, el director de la diplomacia española, según resaltaba el viernes la prensa israelí, ha reconocido la necesidad de modificar el marco dentro del cual estamos.
La capacidad legal de los jueces españoles para hacer turismo jurisdiccional y darse al "garzoneo" será tema que deba resolver de una vez el Poder Legislativo. Pero este asunto del movimiento islamista Hamas, catalogado como terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, es cuestión que se aparece por segunda vez en los desvaríos políticos internacionales por parte de los poderes del Estado español. Fue la primera aquella en que el presidente del Gobierno, en el comienzo de la guerra de Gaza, cargó contra Israel haciendo omisión de las provocaciones de Hamas con sus cohetes. Por una y otra vía, aparte de las que queden por inaugurar en esta legislatura, se consolida el dislate de la presente actividad internacional de España.
Lo que no se ha señalado, sin embargo, es el contexto español en el que se generó la querella. Un contexto en el que concurren, por vía del abogado que la presentó, Gonzalo Boyé, su participación como letrado de la acusación particular en el juicio por los atentados de Atocha, y la colaboración de ese mismo letrado con los etarras condenados en su día -y él con ellos- por el secuestro del empresario Emiliano Revilla. Quiero decir que en todo el problema diplomático creado con el Gobierno de Israel no se han tenido en cuenta, aparentemente al menos, los factores de base, es decir, el entorno de los querellantes y los querellantes mismos. Un disparo procesal de estas características -las propias de un cohete de Hamas contra las relaciones hispano-israelíes- merece en sí, por la analítica antiterrorista, tanta atención como los efectos producidos por el misil en el plano de las relaciones entre los dos Estados. Pero no sólo eso. El dato, por su propio peso, evidencia el nexo funcional histórico entre el entramado etarra y el mundo del islamismo, en tiempos más próximos que aquellos en que algunos de la banda anduvieron por el Yemen de Al Qaeda y otros lugares de las militancias antiisraelíes.
