Puede ser lo de menos que con la que está cayendo –tan dramáticamente, la curva del empleo –, el presidente del Gobierno se vaya de vacaciones, solazándose ahora por Canarias en los bienes del Estado, él que según un ex ministro socialista sería un “bien de Estado” en la más alta hipótesis de los supuestos democráticos. Pero no es lo de menos, ciertamente, el vendaval que en estas horas sopla entre el primer partido de la Oposición y el Gobierno, a propósito de las denuncias que desde ésta se ha hecho sobre supuestas violaciones policiales de las garantías constitucionales.
Es lo más razonable suponer que las afirmaciones de María Dolores de Cospedal no han sido hechas a humo de pajas, sin fundamento proporcional a la gravedad de lo que suponen los hechos denunciados en ellas, y es lo más lógico prever que lo denunciado será llevado a su cauce procesal por la parte denunciante. Pero mientras esta desembocadura llega, y ante la respuesta polifónica preventivamente orquestada desde el Poder – con bien distribuido protagonismo entre las portavocías elegidas, especialmente la de los jueces de izquierdas -, conviene reparar cuanto de trasgresión del secreto sumarial no se ha producido en el asunto Gurtel.
Ante la escandalera que se ha desatado por la denuncia pública hecha por la secretaria general del Partido Popular, conviene recordar el distingo que Felipe González hizo en su día entre “opinión pública y opinión publicada”, por lo mucho que tiene que ver aquello con la necesaria diferenciación entre opinión pública y las opiniones integradas en el consenso mediático de los órganos de difusión alineados con el Gobierno en particular y los partidos que le apoyan en el Congreso.
Podrá argüirse frente a distingos así que lo propio de la democracia es, antes que toda cosa, que la opinión se exprese y circule libremente, tanto da que sea acertada y grata, o que no lo sea. Aunque antes que eso se debe reconocer que si la opinión es libre, los hechos son rigurosamente sagrados. Por eso la libertad y el derecho de opinión debe siempre cohonestarse con la comprobación de los hechos a que se refiere lo opinado o manifestado. De ahí que los procesos de opinión, como los montados en el referido caso de los trajes – con una violación permanente del secreto sumarial - no deban suplantar ni perturbar los procesos judiciales, influyendo o sin influir en los juzgadores.
Las practicas denunciadas por Cospedal serían, de probarse en su momento, prácticas propias de un Estado policiaco, contrarias de raíz al universo de garantías procesales propias del Estado de Derecho, e incompatibles con el sistema democrático de libertades al que responde y sustenta, de la cruz a la raya, ese mismo tipo occidental de Estado.
Pero ocurre que cuando se sintoniza con paradigmas de deriva totalitaria como el de la Venezuela de Hugo Chávez, se deriva también hacia un progresiva pérdida de sensibilidad, a la que es propia una laxitud de conciencia democrática si la democracia a que nos referimos es la propia de nuestro entorno y cultura europeos, y no de las trampas populistas e incluso frentepopulistas, por el gusto de adornarse con los apoyos y las alianzas de un sindicalismo al que alimenta el poder que ese sindicalismo aplaude.
