La cólera hacia los directivos de AIG crece visiblemente. Todos los detalles sublevan a la opinión. "Cuando un ejecutivo lleva a su compañía y a nuestro país al borde del abismo no se le recompensa con bonos económicos que salen del bolsillo del contribuyente", dice airado H. Reid, el senador líder de la mayoría.
La polémica invade arrolladoramente los medios de opinión de Estados Unidos. De un lado están los que opinan, como Reid, que cómo la arruinada aseguradora AIG ha podido utilizar 165 millones de los 150.000 millones que le dio el Gobierno para sacarla a flote en pagar primas a los ejecutivos responsables de esa situación. ¿Qué mundo vesánico e injusto es éste? De otro están los juristas que dicen que en un sistema como el americano los contratos legales son sagrados y que los beneficiados tenían unos contratos relativamente recientes con la estipulación de las primas. Hay que honrarlas, concluyen, si no se quiere crear un funesto precedente, aparte de que los ejecutivos pueden ir a los tribunales, y si ganan, el coste para el erario será mayor.
Por encima de los argumentos de los juristas del segundo grupo está la profunda y generalizada indignación. Obama, rabioso, ha pedido que se estudien todas las vías legales para detener la ignominia, los poderosos sindicatos del automóvil dicen que sus afiliados aceptaron recientemente modificar sus contratos a la baja para salvar a la industria y que ahora los señoritos de Wall Street (unos 78 de AIG recibieron un millón de dólares de prima por cabeza) se van de rositas y con bonificaciones. En el Senado la frustración sube y se estudian a la carrera varias medidas, desde poner un alto impuesto extraordinario, para recuperar el dinero, a los 400 perceptores de primas de AIG hasta deducir 165 millones de la próxima cantidad que el Gobierno tenía que entregar a la compañía en el plan de rescate. Schummer, senador por Nueva York, advierte al presidente de AIG: "Le insto a que solucione el tema, si no hace usted lo haremos nosotros". El presidente de la compañía ya ha pedido a los ejecutivos que devuelvan la mitad de lo que han cobrado.
Las ramificaciones del asunto continúan. Hay preguntas sobre cómo el secretario del Tesoro, conociendo la existencia de las primas al firmar el plan de rescate, no se movió para eliminarlas, y la confianza del ciudadano de la calle en Wall Street y sus ejecutivos se resquebraja. "Hemos pasado de la ira al odio", sentencia la senadora californiana Dianne Feinstein.
