Puede ser que, al final, el problema no sea tanto la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto catalán, sino el mismo Tribunal. No me refiero a que su decisión pueda dejar insatisfechos a todos sino a que, sea la que sea, el desprestigio sufrido a lo largo de estos años resulte mortal para uno de los organismos básicos de la estructura del Estado de Derecho. Para criticar a priori lo que pueda ocurrir, ya que los partidarios del texto del Estatuto temen una sentencia adversa, se ha insistido en algunas cuestiones absurdas (como el planteamiento de una oposición entre el principio democrático y el de legalidad), pero también se ha puesto de manifiesto lo impresentable que resulta un Constitucional politizado e incapaz de asegurar su independencia. Y a esto es difícil replicar razonablemente.
El PSOE (salvo el PSC) y el PP dicen ahora confiar en el Tribunal. El presidente añade algo tan paradójico como que confía "en la parte conceptual-jurídica" de la sentencia, y el PP, que mostró sus recelos con tanta evidencia, pide ahora que se le deje trabajar con tranquilidad en la esperanza, y seguramente sólo por ello, de que la decisión le sea favorable en lo fundamental. Es tan evidente la politización, el juego de mayorías y minorías, el sentido de las recusaciones, la significación real de los apoyos y presiones que recibe, que el Tribunal ha perdido la confianza de los ciudadanos y sólo sirve para adecuarse, mal que bien, estratégicamente, "políticamente", a los intereses contrapuestos de los partidos que eligen a sus magistrados.
Convendría que PSOE y PP, si quieren salvar algo más allá de una sentencia problemática, deberían reflexionar conjuntamente, replantearse el nombramiento de los magistrados, abandonar las cuotas, elegir a juristas independientes que no tengan la oposición de ninguna de las partes. Urgentemente.
