Seguramente lo hace con toda su buena voluntad. Seguramente no puede hacer otra cosa cuando los presidentes autonómicos del PP acuden a la Moncloa y cada uno recibe lo que pide o, en todo caso, buena parte de lo que pide. Seguramente las cosas son como son, y lo que no puede ser, como decía el torero, no puede ser y además es imposible. Seguramente. Pero la frase de Mariano Rajoy ("a los presidentes autonómicos del PP les recomiendo que defiendan sus intereses y yo me ocuparé de defender los intereses generales de todos los españoles") revela hasta qué punto, incluso en las filas del principal partido de la oposición, se ha perdido el sentido del Estado.
Es evidente que la iniciativa del presidente del Gobierno, a la que se van sumando -manifiesten entusiasmo o plácidas reservas- los presidente autonómicos que visitan la Moncloa, no es propiamente "un sistema de financiación autonómica" o un sistema para reforzar económicamente el Estado autonómico, sino un mercadeo en el que Rodríguez Zapatero, de uno en uno, ofrece algo con la disculpa que interesa en cada momento: aquí la población, allá la lengua, allí la necesidad de incrementar la población, en este caso el porcentaje de mayores, en aquel la extensión del territorio. Da igual. No se trata sino de contentar a todos los que se presentan con el subterfugio, aparentemente bendecido ahora por la oposición, de defender sus intereses.
Un estado de cosas en el que los intereses de las comunidades autónomas no parecen ser generales, es decir, no se encuadran en un Estado fuerte, que no puede estirarse como un chicle, no resulta ni atractivo ni razonable. El PP, con toda la razón, ha venido defendiendo que la financiación autonómica era una política de Estado que debía ser discutida en la sede de la soberanía, en el Parlamento, y no sometida a una suerte de bilateralidad permanente y extendida a todos. Cuando algunos partidos catalanes reclamaron al Gobierno, en esta cuestión, la bilateralidad a la que aseguran tener derecho, el Gobierno respondió en este mismo sentido. Puede entenderse, aunque no sea justificable, que el presidente Rodríguez Zapatero, para resolver sus cuitas (las catalanas y otras), quiera saltarse a la torera este planteamiento lógico y sustituir la política de Estado por el cambalache, al principal partido de la oposición por los presidentes autonómicos. Lo que no puede entenderse es que el PP renuncie a su papel, como partido, en la conformación de la financiación autonómica y en el desarrollo del Estado de las Autonomías para dejarlo en una tercera voz junto al presidente del Gobierno y sus propios presidentes autonómicos defendiendo "sus intereses", unos intereses al parecer distintos de los que se tiene que hacer valedor, en medio del caos, Mariano Rajoy.
Aquí no hay, como también se ha dicho, rifas con todos los números privados. En un invento de esa naturaleza o hay trampa o pierde la banca. Y en este caso la banca somos todos.
