Nada más liberarse el Alakrana, el presidente del Gobierno, con aire marinero, decía que el barco navegaba ya "por aguas seguras" con la tripulación sana y salva. Lo de las aguas seguras es mucho decir, a la vista de lo que por allí ocurre cada día y de la necesidad compartida por todos de que la 'operación Atalanta' se mantenga, se mejore y se intensifique, pero el momento, después de 47 jornadas de secuestro y de tantas polémicas, temores y sinsabores, era sin duda motivo de alivio y alegría. Por la tarde, la vicepresidenta Fernández de la Vega, más formal y burocrática, reiteraba los agradecimientos, aseguraba que todo -en el Gobierno y en la Justicia- se había hecho conforme a Derecho y planteaba algunas líneas generales de actuación para el futuro inmediato.
Parte del espectáculo lamentable de estas últimas semanas ha sido, mientras el drama estaba en el Índico, la discusión política desaforada sobre el asunto, los reproches al Gobierno sin mayor concreción, etc., que ha sido muy bien utilizada por los secuestradores que, en medio de la vorágine, han administrado habilidosamente la información recibida y la facilitada, ahora a los medios, ahora a los familiares, etc. Otra parte de la polémica se ha centrado en la detención de dos de los piratas y su puesta a disposición de la Justicia, como si fuese primero una traba para la rápida solución del secuestro y después se tratara de resolver con rumores de "trampas" legales. Cuando las cosas se llevaron a terrenos más tranquilos y razonables se repitió que ya habría ocasión, cuando el secuestro se resolviese, de pedir explicaciones y exigir responsabilidades.
Ya ha terminado el secuestro, aunque no el asunto, porque la Audiencia Nacional sigue su procedimiento y los piratas deben ser perseguidos. Es de suponer que ahora, o en un futuro inmediato, unos y otros pongan sobre la mesa, ya sin marineros retenidos, sus quejas y exigencias. Unas se referirán, lógicamente, a la gestión concreta del tema, pero no podrán ir más allá de cuestiones de coordinación entre ministerios o en la célula organizada para ello, ya que las entretelas de las negociaciones, el papel de los servicios españoles y la intervención de terceros permanecerán en el secreto, como no puede ser de otra manera. Asunto sin duda importante es la política informativa en este episodio y en otros similares, factor que es fundamental para enfrentarse con el respaldo de la opinión pública al terrorismo y la violencia organizada, pero, si el Gobierno ha estado falto de eficiencia, tampoco se puede negar que los demás intervinientes en las polémicas deberían hacer una seria autocrítica sobre lo ocurrido.
Pero, junto a ello, hay aspectos determinantes en torno al secuestro del barco, en los que la discusión puede resultar pasmosa. ¿Se va a poner en cuestión el hipotético pago de un rescate y su procedencia? No es asunto menor ante el chantaje violento, pero que los grupos políticos se metan ahora, más allá de las declaraciones formales, en ese berenjenal sería tan inoportuno como asombroso. Sobre todo teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en el pasado y las pistas que se pueden dar a los piratas para el futuro. ¿Se va a discutir si un pesquero español en aguas internacionales es o no territorio español? ¿Si, en esa circunstancia, los detenidos por la comisión de un delito deben o no ser puestos a disposición de la Justicia? ¿O si se podía, saltándose todo criterio legal, utilizar a los dos piratas como moneda de cambio -inmediata o reservada a la marcha de las negociaciones- con los secuestradores? ¿Se discutirá si los fiscales, en un escenario de chantaje, deben pedir menos pena que la establecida en las leyes? ¿O si esas circunstancias modifican en trabajo de los jueces? Si ya el mero planteamiento de las preguntas es increíble en el debate político, no es fácil averiguar que se pueda discutir seriamente "en su momento", que es el de ahora.
