¿Cuál es el criterio adecuado para dimitir cuando un político está sometido a acusaciones o afectado por decisiones judiciales? ¿Cuál para solicitar su dimisión o, si es posible, destituirlo o apartarlo del partido o de sus funciones? En el primer caso, la decisión es tan personal como el criterio, que puede ser de muy variada índole: entender que le facilita la defensa, considerarse culpable, no querer involucrar a su partido, estar harto o no soportar la presión judicial o mediática. El debate interesante es el que se genera para responder a la segunda pregunta.
A menudo se invoca un cierto automatismo en este tipo de posicionamientos: si hay imputación, por ejemplo, debe exigirse la dimisión o plantearse la destitución. Sin embargo, no parece que el automatismo resuelva la cuestión, como demuestra, por citar sólo un caso, el procesamiento del lehendakari Ibarretxe y de su sucesor, Patxi López, contra los que se inició juicio por sus entrevistas con Batasuna, que luego se sobreseyó, sin que nadie entre los suyos, lógicamente, pidiera su dimisión o apartamiento de la actividad política. Se dirá que, en este caso, los suyos estaban seguros de su inocencia -porque no creo que tenga sentido asegurar que se ciscaban en las decisiones judiciales- y que, en esa confianza, no sólo no reclamaban la dimisión, sino que se colocaban abiertamente en defensa de los afectados. Por citar un caso extremo, público aunque fuera de la política, no se pretende, salvo algún exaltado, que la causa abierta en el Supremo contra el juez Garzón suponga de modo automático que deba ser apartado de su trabajo en la Audiencia Nacional.
Pero, para ajustarnos más a la realidad, tendríamos que inclinarnos por otra opción, más allá de la confianza en el compañero de partido, que puede ir desde el famoso poner "la mano en el fuego" al refugio en la presunción de inocencia, ambas cosas, no nos engañemos, un tanto retóricas. El criterio más "político", y por ello el más común, es, sencillamente, el modo en que afecta al partido. Ni al PNV ni a los socialistas vascos les preocupaban, desde el punto de vista interno, ni desde el del prestigio público, ni desde el electoral las decisiones que iban siendo tomadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Vayamos al 'caso Bárcenas'. Si, como dicen las crónicas, en el PP son muchos -o al menos significativos- los que reclaman su dimisión o su destitución es por el efecto que el asunto pueda tener en el partido y en sus particulares intereses. Sobre todo cuando la investigación, hasta ahora, ofrece resultados nebulosos y en declive. Por el momento ha quedado en un vaporoso y endeble delito fiscal y en un supuesto cohecho, en el que no tenemos constancia de la contrapartida a un pago que se habría hecho en el 2007, es decir, cuando Bárcenas y el resto de dirigentes del PP en Génova habían roto abruptamente con la trama de Correa. Cuando Alfonso Guerra dice que este asunto "huele muy mal" no sólo es malvado, también preciso, porque en todo ello hay por el momento más olor que pruebas.
Así que, si se reclama la dimisión ahora -otra cosa sería más adelante, con otros datos- es porque al PP le afecta, como no afecta a otros en circunstancias similares, cómo inciden en la investigación sus adversarios, que están fuera del partido, y sus enemigos, que están dentro, porque, sin prejuzgar nada ni poner la mano en el fuego por nadie, tampoco nadie se le oculta cómo la oposición interna del partido ha aventado este asunto, lo ha utilizado y ha colaborado, para desviar la atención de otros temas más claros y tan olorosos como éste, en que las cosas hayan llegado donde han llegado. No se debe olvidar, por tanto, que si el motivo para pedir la dimisión de Bárcenas no es otro que su efecto en el partido, los problemas de éste, más que -ahora- con la Justicia lo son con la opinión pública mediatizada, con sus habilidosos adversarios y con sus más activos e ingeniosos enemigos internos. Como no hay peor ciego que el que no quiere ver, todavía puede haber quien piense que el único problema del PP se llama Bárcenas.
