Ayer traté de exponer en esta columna que la desgracia de Haidar, y con ella la de los saharauis, tenía, a mi juicio, sus raíces en la falta de responsabilidad de España con su ex colonia y su justo derecho a la autodeterminación. Subrayé también que esa falta de responsabilidad formal y material ha sido aprovechada por Marruecos para imponer, bajo el pretexto de ser un socio que frena el islamismo radical en el norte de Africa, su dictadura y la eliminación de los derechos de los ciudadanos. Pero si no podemos eludir las responsabilidades invitando a niños saharauis a pasar el verano en España, tampoco podemos aceptar que el drama de la valiente activista que está en huelga de hambre en Lanzarote se convierta, si termina mal y como afirman algunos, en un "asesinato cometido por España". Si ceder una y otra vez ante Marruecos no resuelve nada, y menos el problema del Sahara Occidental, la pérdida de proporción y sentido tampoco sirve si no es para enmarañar interesadamente el asunto y abandonar el realismo en el que deben sustentarse las reivindicaciones.
La actitud de Haidar ha servido para poner de manifiesto el problema del Sahara que la política internacional (y la española) quiere acallar bajo la presión indignante de Marruecos. El Gobierno español, además de reparar en sus fallos de gestión del asunto, deberá reflexionar sobre el fondo, modificar su actitud ante el país vecino y las exigencias del Derecho Internacional y trabajar, junto a la oposición, para lograr un renovado consenso internacional que respete el derecho a la autodeterminación de la antigua colonia. Tendrá que aprovechar para ello, para conseguir apoyos y dar lugar a soluciones, el chantaje marroquí una vez quitados los velos. La invitación a abandonar a Haidar y a los saharauis si se pretende contar con Marruecos en los negocios, en el control de la inmigración y ¡en la lucha contra el terrorismo! desnuda de tal modo el despotismo de Rabat que la comunidad internacional no puede menos que tomar cartas en el asunto.
Sin embargo, lo que en las circunstancias actuales se puede demandar del Gobierno no puede instalarse en la utopía ni en el absurdo. Y mucho menos en la responsabilidad de la vida de Haidar, que está en huelga de hambre por propia voluntad y bajo la protección del ordenamiento jurídico español. Ella misma y sus familiares y defensores más cercanos pueden reclamar al Gobierno español la máxima identificación con sus derechos, pero no el imposible de domeñar en 24 horas, nadie dice cómo, la voluntad de Marruecos. Junto a las ingenuidades y al fondo viciado de la política con Marruecos (muchos de los que criticaban a Aznar por el modo en que la afrontó parecen pedir ahora a Rodríguez Zapatero una que deje en débil la de su antecesor), el Gobierno ha planteado todo el catálogo de vías inmediatas posibles. La suerte de Aminatu Haidar, y la de su causa, debería hacer reflexionar sobre los efectos -que pueden ser perversos- de un maximalismo tan inútil como injusto.
