A estas alturas de la jugada reconozco tener ansiosa curiosidad por saber de qué se acusa al tesorero del PP, Luis Bárcenas. Ya no se trata tanto de defender la presunción de inocencia, a la que hace referencia el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al remitir el asunto al Supremo, sino de saber exactamente, antes de cualquier opinión sobre el caso, de qué se le acusa. El auto del juez Pedreira alude a "nuevos hechos" que podrían constituir delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública. Algunas informaciones periodísticas añaden que, basándose en las relaciones que Bárcenas, entonces gerente del PP, tuvo con las empresas de Francisco Correa, procesado en el 'caso Gürtel', podría haber recibido hasta 1.000 millones de las antiguas pesetas. Se lo dijo Correa, añaden, a sus colaboradores, aunque otras informaciones señalan que Correa, en ese momento o después, dio otra versión: que el PP se habría ahorrado ese dinero con las gestiones y los precios por servicios ofrecidos por sus empresas. Aparece un tal "L.B." o "Luis el Cabrón" en la caja B de Correa. Para que se acepte como cierto tiene que haber más datos, ya que el jefe de la trama corrupta podía haber anotado cualquier cosa o "L.B." podría ser otro, como también se ha apuntado en algún momento.
Aquí aparece el dato, considerado por la Fiscalía Anticorrupción, de los informes de la Agencia Tributaria, pero los expedientes tributarios que conocíamos quedaron en nada y, ahora, es lógico preguntarse si los nuevos especifican gastos imposibles se justificar con los ingresos legales o certifican ingresos no declarados. No lo sabemos, al menos por el momento. ¿Se trata de los 1.000 millones de pesetas antes citados? Tampoco tenemos constancia. ¿Ha habido inspecciones fiscales sin comparecencia del investigado? Aunque suene llamativo, misterio. Es más, para que haya cohecho el dinero supuestamente recibido debería tener la contrapartida de realizar algo u omitir lo debido. Se podría pensar que a cambio de lo entregado se ha conseguido un concurso o una concesión por la intermediación del acusado, pero desconocemos por completo el fundamento de la sospecha incluso aceptando, que tampoco está explicitado, que el dinero se haya recibido. ¿Qué favor se logró? ¿Quién lo concedió? ¿A quién? ¿Hay vinculación entre el que supuestamente pagó y el que supuestamente consiguió lo que pretendía? Bárcenas es senador, tesorero del partido, pero, en este esquema, no hay por menos que preguntarse por el funcionario o la autoridad administrativa que tuvo que intervenir. ¿Quién es? ¿De qué operación se trata?
Es cierto que este asunto ha pasado por diversos tribunales antes de llegar al Supremo. Tan cierto como que, hasta ahora, el tesorero del PP no ha sido citado a declarar por ser aforado, como previsiblemente ocurrirá ahora en el Supremo. Tenemos, por tanto, que aceptar que, en el campo de los indicios, el asunto es serio para los fiscales y jueces que han intervenido. Como lo es la presunción de inocencia -ahora existe la posibilidad de conocer la versión de Bárcenas sobre lo que se le pregunté o sobre el contenido de documentos y pruebas- a la que el mismo juez Pedreira, como antes se señalaba, alude. Pero lo curioso, lo que llama tanto a la curiosidad como a la sorpresa, es que no conocemos los términos exactos de la acusación ni aquello sobre lo que, como elemental fase procesal, se le solicitará testimonio. Llamativo en el mundo de la Justicia con luz y taquígrafos, de las filtraciones y de las sesudas investigaciones de todo tipo.
