No creo que el debate sobre el secuestro del Alakrana deba centrarse en cuestiones legales (si un buque español en aguas internacionales es territorio nacional, si se debe o no detener a criminales, si los jueces y fiscales deben plegarse a las circunstancias, etc.), porque se añadiría -en algún caso se está añadiendo ya- el absurdo a la confusión. Entiendo, sin embargo, que la política informativa a lo largo de estos 47 días ha sido bastante deficiente y no es un asunto baladí. Una información adecuada, sin evitar el drama que se vivía, ayuda a la tranquilidad, a la confianza en las instituciones y al respaldo de la opinión pública, fundamental en casos de lucha contra la violencia. Es verdad, como se ha dicho, que no es posible una información eficaz cuando la estrategia es confusa. Ahora que ha llegado el momento de las explicaciones, el Gobierno debería tomarse el asunto en serio y, pasadas las felicitaciones mutuas, dar cuenta precisa de lo ocurrido, de las decisiones tomadas y de sus consecuencias. Y si hay que hacer autocrítica, debe hacerse, porque los ciudadanos la entenderán sin duda mejor que el ocultamiento o la desinformación. Con los marineros ya liberados, las versiones sobre el episodio supuesto o real del traslado de tres tripulantes a tierra siguen siendo tan contradictorias entre miembros del Gobierno que, si se sigue por ese camino, el descrédito va a ir en aumento.
Hace bien la Fiscalía en solicitar la investigación del rescate y de la trama financiera que rodea, protege y sirve a los piratas. Ayer mismo, algún miembro del Gobierno trataba de quitar importancia al asunto como si terminado el secuestro ya todo diera igual. Otro sendero equivocado tanto de cara a los ciudadanos y la ley como ante los secuestradores futuros que pueden muy bien elegir nuevos objetivos en función del caos informativo y la ligereza acerca del fondo del chantaje. Por estas y tantas otras circunstancias dudosas, la vicepresidenta Fernández de la Vega, cabeza de la célula gubernamental establecida para el secuestro, no puede responder a las críticas de la oposición diciendo que los escépticos y los enfadados se colocan del lado de los piratas. Si su comparecencia parlamentaria no aclara las dudas, analiza los criterios y los protocolos seguidos y establece propósitos y medidas para el futuro, se defraudará a los ciudadanos al tiempo que la experiencia vivida terminará no sirviendo para nada. El Gobierno debe hablar con firmeza y seriedad de lo que sabe sobre el rescate y de lo que se propone hacer al respecto más allá de o en colaboración con la Justicia.
Por otro lado, si se trata -como se insiste desde fuera del Gobierno- de no facilitar las cosas a los piratas y evitar en lo posible nuevos secuestros, la labor de la oposición debe ser tan contundente como se quiera, pero constructiva. Si el Gobierno debe explicaciones, autocrítica y medidas eficaces para el futuro, tampoco estaría de más que los demás, partidos de la oposición, medios de comunicación, etc., recapaciten un poco sobre lo que han hecho y sobre lo que van a proponer ahora.
