La aprobación del plan de rescate bancario responde a la necesidad y hace bien el PP en apoyarlo -con urgencia, no como proyecto de ley, que era lo que pretendían algunas minorías parlamentarias- para asegurar la estabilidad del sistema financiero. El sistema de garantías establecido en España, que es visto con admiración en otros países, y la solidez de la gestión han convertido a la mayoría de las entidades financieras, aunque nadie esté totalmente a salvo de riesgos, en compañías solventes. Los principales bancos se han mantenido por ello al margen de las ayudas ya aprobadas como una suerte de mercado interbancario público en situaciones de crisis, pero otras entidades, muchas de ellas cajas de ahorro, se van a encontrar en graves dificultades que es preciso salvar para que el sistema funcione correctamente. Puede doler, pero es necesario y urgente.
Apoyándolo, el PP demuestra más responsabilidad que haciendo bromas sobre el nombre -FROB- y demagogia sobre la utilización del dinero del contribuyente para dárselo a malos banqueros. Puede haber excepciones, pero la regla general es que quienes necesitan más ayudas son los que, mediatizados por los políticos, se han visto obligados a usar recursos para satisfacer intereses políticos y no para responder ante clientes y accionistas. El PP, además, ha trabajado con el Gobierno haciendo propuestas para este plan que, a juicio del propio portavoz de Economía del partido opositor, han mejorado su redacción. Esto último y la colaboración (crítica, pero colaboración) de CiU en lo relativo a la crisis económica, en contra de actitudes interesadas, cuando no demagógicas (en este caso, el empeño en tramitar el FROB como proyecto de ley), debería hacer recapacitar al Gobierno sobre el modo razonable de conseguir un consenso amplio y razonable tanto para las medidas de urgencia como para las reformas que, siempre pero cada día más, se imponen.
La aprobación de lo urgente y necesario no significa que sea suficiente. En este sentido, tiene más razón Cristóbal Montoro al exigir la reforma de la Ley de Cajas que la vicepresidenta económica repitiendo, aunque sea de cara a la galería, que las modificaciones en todo caso serían menores. En las cajas puede haber dificultades económicas pero hay, sobre todo, un problema que es político y legal que afecta a su independencia y a la gestión profesional y que debería ser abordado junto a la reorganización del sistema financiero para despolitizarlas y liberarlas del peso de intereses autonómicos y locales. El gobernador del Banco de España ha dicho en unas jornadas recientes que tiene "las manos libres", pero la contundencia de la declaración no disipa las dudas en un escenario de negociaciones con comunidades autónomas que quieren mantener derechos de veto, asegurarse una suerte de "bancos públicos regionales" en medio de los tira y afloja de la financiación autonómica y la debilidad de un Gobierno que parece más inclinado a pactos para salir del paso con minorías que a acuerdos de gran calado con los grupos opositores mayoritarios. Aprobado lo necesario y urgente, es preciso abordar lo que no deja de ser importante.
