Lunes de palabras. El presidente del Gobierno y el líder de la oposición en un encuentro organizado por la revista británica The Economist. El gobernador del Banco de España compareció en el Congreso. El del Banco Central Europeo estaba también en Madrid, en una convención financiera. El ex vicepresidente económico y futuro presidente de Caja Madrid en la presentación de un libro del ex presidente de la CNMV. El comisario europeo de Economía era entrevistado en TVE. El cúmulo de declaraciones de ayer podría servir para hacerse una idea de lo que hay que hacer aunque, para el observador no especializado, la concreción resulta imposible: tiene que conformarse con la evidencia constatada de un grave problema y un rumbo. Se preguntará sin duda por qué no se toma, aunque sea con todas las reservas.
La evidencia es que en España tenemos un problema estructural añadido a los efectos de la crisis financiera internacional. Por padecerlo, y por no haberlo enfrentado en momentos de bonanza, se duele nuestra competitividad y se desangra el empleo. Podemos tocar fondo más o menos pronto, pero si sólo esperamos el aterrizaje no podremos sino avanzar por el fondo, como gráficamente dijo el ex presidente González y todos, de un modo u otro, con mayor o menor acidez, confirman ahora. Todos plantean, en consecuencia, "reformas estructurales" además de sostener aún las del sistema financiero, que tiene muchos flecos aún pendientes. Incluso el más optimista -esta vez inconcreto hasta la sorpresa-, que es el presidente del Gobierno, se ratifica en esta necesidad al anunciar la Ley de Economía Sostenible, de la que ya antes de ser aprobada en el Consejo de Ministros se recela tanto por el carácter mágico que Rodríguez Zapatero deposita en ella como el modo misterioso con que vayan a financiarse sus objetivos una vez conocida la precariedad del Presupuesto para el 2010. El presidente no se refiere, como lo hacen casi todos los demás, a la reforma laboral y la fía en todo caso y para no comprometerse al diálogo entre empresarios y trabajadores, pero también resulta evidente que, más allá de la flexibilidad (o de la flexi-seguridad), que un nuevo sistema productivo y una reformada estructura económica precisa relaciones y condiciones laborales adecuadas. Las vigentes han fracasado.
Si al espectador de la rueda de opiniones (aunque no sea espectador de la crisis que padece) se le preguntara qué hay exactamente que reformar no sabría seguramente decirlo, porque los especialistas sólo establecen líneas de actuación. Sabrá, sin embargo, que hemos descuidado la educación, que no podemos soportar más endeudamiento y se asombrará de que reduciéndose el de las familias se desboque el de las administraciones públicas. Será consciente de la importancia de abordar una adecuada política energética y de convertir la política fiscal en un incentivo para la economía y no en un recurso del Estado para intentar resolver los problemas que ha creado. Constatará que la innovación precisa recursos y condiciones eficaces, que la competitividad no es sólo una actitud sino la consecuencia de normas acertadas y modernas. Reparará en que no hay modo de estructurar el sistema financiero si las cajas de ahorro son el campo de disputas políticas o del control de los gobiernos regionales. Se preguntará por las duplicidades administrativas y por un sistema autonómico que trataba de acercar el poder a los ciudadanos y no crear burocracias y gastos añadidos. Y, además de otras enseñanzas (de este lunes y de tantos otros), será consciente de que el panorama exige poner todos estos temas sobre la mesa, discutirlos y acordarlos. Ésa es la primera obligación del Gobierno, la que todavía ha hurtado, la que no ha planteado ni con la misteriosa Ley de Economía Sostenible, la que no se puede disimular con el optimismo antropológico del presidente. No se le demandan poderes demiúrgicos ni soluciones mágicas e inmediatas ensayando con leyes y decretos como si estuviera en un laboratorio, sino bajar a la mesa de la negociación y los acuerdos.
