Se suelen inventar las conspiraciones para conseguir, al mismo tiempo y mediante la explotación de una angustia real, desviar la atención de lo que realmente ocurre y una cierta y vana satisfacción personal. Algunas de ellas terminan siendo creídas por sus inventores o propagadores y el regocijo se acompaña de la beligerancia contra el adversario que se convierte en enemigo. Otras son increíbles y la complacencia propia o el enojo con el otro constituyen un artificio en el que los implicados se sienten, al menos, más a gusto que a la intemperie. Porque las conspiraciones inventadas son obra de los que están o temen quedar a la intemperie.
Se puede poner como ejemplo la actitud de un sector del PP con la investigación de los atentados del 11-M, que terminaron pagando en crédito y votos los inventores de la conspiración, pero el asunto no es monopolio de la derecha. Ahora asistimos a la conspiración inventada por un sector de la izquierda, en parte con importantes responsabilidades de Gobierno, que no por paranoica deja de extenderse. Como no se acierta a solucionar la crisis económica, ni a detener la sangría que supone en desempleo y empobrecimiento, ni incluso a preparar adecuadamente el sistema económico español para el futuro, bienvenida sea la conspiración: atención, nos dicen, el PP tiene un plan secreto para, aprovechando la crisis, favorecer a los ricos y dañar aún más la posición de los trabajadores. Suena esperpéntico pero la especie no es cosa de un marginal socialista empeñado en llamar la atención, sino del mismísimo vicepresidente del Gobierno. En una entrevista publicada en el diario El País el pasado domingo contrapone la preocupación de su Gobierno con los desempleados (ya no se atreve a hablar de creación de empleo) con "la agenda oculta que el PP pondría en marcha si gobernara". La agenda oculta, la conspiración contra los que sufren la crisis, la maquinación secreta y demoníaca. Todo ello aderezado con la calumnia vulgar: a la oposición le interesa que la situación se agrave porque aumentan sus votos. Aumentan y, además, podrá así colar sus planes secretos.
Si el tono del debate sobre lo que es conveniente hacer es de este tipo, ya no se trata de que el acuerdo razonable sea o no posible, sino simplemente de que no se quiere. Se diría que cualquier entendimiento parlamentario para poner en marcha medidas y reformas se considera no una cesión a los grupos opositores, sino también el reconocimiento de una parálisis que convierte la crisis cada día en algo más grave. Sin ideas, sin capacidad de establecer acuerdos parlamentarios para poner en marcha reformas mínimamente consensuadas, sin atender las reiteradas recomendaciones de los expertos y los organismos nacionales, sólo queda la simulación y las disculpas. Y no se les ha ocurrido nada mejor que inventarse la conspiración de la derecha. Qué panorama...
