Madrid tiene un peso especial en lo que se ha dado en llamar "opinión publicada". Se constata en el campo de la política cuando se cree que lo que ocurre fuera de la capital y de las paredes de los salones de algunas instituciones tiene menos incidencia cuando, en realidad, lo que ocurre allí tiene un valor relativo en el ánimo de la mayor parte de los votantes. Cuenta sin duda, y las últimas encuestas lo revelan, la percepción de la actividad del Gobierno, que ahora es bastante penosa; pero el efecto de los poderes autonómicos y su aceptación o rechazo entre los ciudadanos suponen un colchón o un problema fundamentales para los dos grandes partidos que ha de sumarse al peso de las instituciones regionales: el gasto porcentual de las comunidades autónomas es mayor en España que el de los länder en un Estado federal como Alemania. El foco sigue estando, sin embargo, en Madrid y a menudo desfigura la realidad.
No sólo ocurre con la política. Ayer mismo, con el temporal, los atascos y el cierre del aeropuerto de Barajas, daba la impresión de que, por primera vez en las últimas semanas, el país era consciente de las deficiencias con las que nos encontramos a la hora de afrontar eventualidades meteorológicas. Sin embargo, los cortes de carreteras, la paralización del transporte público o el bloqueo por la nieve se venían produciendo ya en algunos otro lugares, como si hasta que la tempestad llegara a Madrid se tratara de una curiosidad de un invierno crudo. Esto no quita que la paralización de Madrid sirva como síntoma de las carencias ya que, en buena lógica, se podría pensar que el desarrollo y el volumen de la capital, el carácter central e internacional de un aeropuerto nuevo, etc., conllevaría más y mejores medios para enfrentarse al tiempo adverso. Ni, por otra parte, elimina la responsabilidad de los gobiernos y los políticos autonómicos que tienen competencias en sus regiones y que algunos, como ocurrió en el último debate de investidura del presidente Rodríguez Zapatero, se quejaron de su anuncio de mejora y potenciación de la política general de protección civil porque invadía sus atribuciones.
Hay circunstancias que, por extraordinarias e impredecibles, entrañan problemas a los que hay que responder de modo excepcional sin que la culpa sea de nadie. Eso ocurre con las tragedias que de tiempo en tiempo golpean en un lugar o en otro, o en casi todos. Pero no debe dejarse de lado la constatación de que, hasta que el caos se hizo ayer con Madrid, el comentario de los expertos era recordar que los temporales, el frío siberiano, la nieve, etc., resultan más frecuentes de lo que se piensa cada vez que aparecen, como si fácilmente olvidáramos la ocasión anterior. Lo mismo podríamos decir de las inundaciones. Y son la frecuencia y sus nefastas consecuencias las que deberían hacer reflexionar sobre los medios de que disponemos, en el ámbito autonómico o general, para estas últimas. Cuando se demora tanto la limpieza de las carreteras nevadas o las pistas de Barajas hay que demandar, sin juicios apriorísticos pero también con energía, más eficacia y más explicaciones. El coste de la seguridad y la normalidad de los movimientos es un gasto público pero, si no se atiende por descuido o por un absurdo concepto del ahorro, el coste se traslada a los ciudadanos que, ayer en Madrid y antes en otro sitios, vieron sus intereses gravemente dañados.
