Partidarios y detractores de la reforma del sistema de financiación autonómica coinciden en la importancia de la cuestión no sólo desde el punto de vista económico, de los recursos que se reparten, sino también desde la perspectiva evidentemente política, en cuanto afecta al modo en que se entiende el Estado de las Autonomías y su arquitectura constitucional y práctica. Este hecho, su trascendencia, tendría que haber llevado a dos conclusiones previas que, en el proceso de esta reforma, se han olvidado. La primera, de carácter general, no es otra que el foro en el que debe discutirse y negociarse la financiación autonómica, que, por ser un tema de Estado, tendría que ser el Parlamento. Sólo allí se podría fraguar un pacto estable entre los dos grandes partidos y evitar esa negociación en la que se trapichea bilateralmente, se cruzan las ofertas y los chantajes y se trata de doblegar a los demás. El hecho de que no sea ésta la primera vez que se hace así no demuestra la virtud del procedimiento, sino precisamente sus defectos y sus largos vicios, los que ya va siendo hora de que se eliminen.
La segunda, que afecta al debate antecedente y consecuente de la aprobación del sistema en el Consejo de Política Fiscal, sería la seriedad del debate teniendo en cuenta lo que nos jugamos con ello y la elemental consideración de que se trata de poner en marcha una financiación que debe ser entendida y apoyada por los ciudadanos y no limitada a pactos -o peleas- entre administraciones y gobiernos de todo tipo, como si de su supervivencia satisfecha se tratara y no de resolver los problemas de los contribuyentes. Si no se ha querido atender a la primera de estas consideraciones, esta segunda ha sido arrumbada por una pasmosa actitud gubernamental, más interesada, a todas luces, por desviar la atención del fondo que por convencer a alguien.
El más falso de los debates es el que, trufado de palabras gruesas, trata no ya de desoír al adversario, sino de arrinconarlo con descalificaciones. Y a esa caricatura se ha apuntado nada menos que el vicepresidente tercero del Gobierno, quizá agobiado por avatares de todo tipo, cuando acusa al PP, y en concreto a la presidenta regional de Madrid, de "catalanofobia" y "andalucifobia". Lo malo de los palabros del vicepresidente no es que no digan nada, es que dicen una soberana tontería. Si tuviera un argumento serio para demostrar que el sistema es equitativo, que respeta la solidaridad interregional y que responde a una adecuada política general y no a los trompicones de los pactos coyunturales, el señor Chaves habría hablado de otra manera. Si tuviera un tanto de finura intelectual y de apego a la pluralidad que su partido predica, habría evitado esas atolondradas expresiones.
Estábamos acostumbrados a una terminología parecida entre los nacionalistas periféricos. Si no se está de acuerdo con ellos, uno se convierte en "vascofóbico" o "catalanofóbico", como si sólo fuese posible una política, una visión del país y de sus instituciones. Se lo han dicho, por ejemplo, a Patxi López y no creo que un Chaves medianamente sereno se atreviese a decir que la visión del PSOE de la financiación vasca es, por ser discrepante de otras, "vascofóbica". Es más, un vicepresidente tranquilo, sólo con algunas lecturas, se habría revuelto contra quien utilizara descalificaciones así por absurdas y malintencionadas. No querer que Cataluña tenga, al margen de la Constitución, el privilegio impuesto de la bilateralidad no es estar en contra de esa comunidad autónoma, sino, sencillamente, tener una determinada y respetable visión del Estado y el modo de organizarlo. Nada más. Lo demás está en el terreno de la discusión argumentada, que es de la que Chaves -"ideofóbico"- se ha querido apartar para ponerse estupendo.
