Al menos de forma notoria, el PP no insistió ayer en que la intervención en Caja Castilla La Mancha iba a ser la primera de una lista que tendría que ir conociéndose en un futuro más o menos próximo. No insistió, como si lo hizo Cristóbal Montoro el pasado domingo, a pesar de que el vicepresidente Solbes, a primera hora de la mañana, había señalado que no hay ninguna otra entidad en situación similar. El propio presidente del Gobierno intentó después limitar el problema al subrayar que el caso CCM, se entiende que único en el sistema financiero, tenía una importancia relativa al suponer el 0,8% de la actividad financiera.
Montoro, sin embargo, opina, aunque no insista por el momento, en que hay otras entidades con tan graves problemas que precisarían la intervención. A nadie se le oculta que no es el único en señalar que algunas cajas de ahorro están en dificultades aunque nadie haya pronosticado nuevas intervenciones públicas. Si no se podía utilizar en la medida requerida el Fondo de Garantía de las Cajas para la fusión de CCM con Unicaja (lo que un tanto demagógicamente llama el presidente castellano manchego "pretensiones excesivas" de la Caja andaluza) tampoco parece que, en cuanto a garantías, estemos sobrados. Sin embargo, la prudencia debería evitar declaraciones que, sin soluciones complementarias ni datos fidedignos, contribuyan a crear una alarma que desbarate aún más las cosas.
El portavoz económico del PP se niega, al parecer, a pactar con el Gobierno las medidas que necesita el sistema financiero y las reformas que demanda el sistema económico general. Opina que es al Ejecutivo al que corresponde dar un giro de timón hacia lo que considera razonable y que, si lo hace, encontrará el apoyo de los populares. Visto desde fuera, el asunto es sorprendente. Desde la perspectiva de la reflexión general sobre lo que debe hacerse, sólo cabe que el PP se niegue como sistema al acuerdo –lo que sería pasmoso- o que no pueda plegarse a lo que el Gobierno le pide sin ánimo real de consenso. En este segundo caso, y ya que se habla de todo incluso a destiempo, convendría que el PP explicara a la opinión pública cuál es su posición exacta, qué es lo que ha transmitido al vicepresidente Solbes y cómo se le ha respondido. De otro modo, se tenderá a pensar que, sencillamente, no se desea el acuerdo ni otra participación en la resolución de los problemas que la crítica ajena a la responsabilidad concreta. Podría pensarse que el PP opta por no airear propuestas y respuestas, pero este supuesto no casa con las críticas que se hacen y los vaticinios sobre el futuro de otras cajas de ahorros. Y puestos a ser parlanchines, incluso a riesgo de ser también imprudentes, también se podría pedir que el señor Montoro ponga sobre la mesa lo que sabe: qué cajas de ahorro están en situación similar, cuáles tendrían que ser intervenidas.
Todo comentario desasosegado aumenta los problemas. Está bien qué el PP pida la comparecencia parlamentaria del gobernador del Banco de España para asegurar la legalidad y la eficacia de las ayudas para garantizar la solvencia de Caja Castilla La Mancha. No tanto que, con la prisa de la crítica, se pida que se informe ahora sobre lo que realmente ha ocurrido y la situación exacta de la entidad, algo que no se sabrá hasta que los nuevos administradores examinen a fondo la entidad. A lo que sí podría ayudar es a legislar para modificar el sistema de cajas de ahorro, su gestión responsable y su independencia de los poderes públicos. Si creen que en esto sigue sin hacer falta un acuerdo... seguirán quedándose solos.
