El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Diego López Garrido, se encuentra imputado por una querella admitida en un juzgado de primera instancia. Aparentemente es un asunto menor: dos subvenciones a la Fundación socialista Alternativas, de la que fue patrono López Garrido hasta su incorporación al Gobierno. El problema es que las dos subvenciones, 60.000 euros la primera (2008) y 18.000 la segunda (2009), las otorgó Exteriores con la firma del secretario de Estado.
Aparentemente es un asunto enojoso, más aún en vísperas del semestre de presidencia europea que exige dedicación esmerada y plena del secretario de Estado responsable directo de esa responsabilidad. El demandante es otra fundación con un perfil ideológico contrario y con ganas de meter en problemas al Gobierno. Los jueces determinarán si hay caso y si se puede configurar algún delito con los hechos denunciados, que son bastante claros.
Al margen de lo que digan los tribunales, que se tomarán tiempo en las distintas instancias que actúen, el caso plantea algunas preguntas sobre la naturaleza de estas fundaciones de partido (de todos los partidos con poder) y la naturaleza de las propias subvenciones.
Los 78.000 euros del presupuesto de Exteriores que fueron adjudicados (supongamos que con un procedimiento transparente y competitivo) servían para una encuesta sobre la Europa que queremos y un portal relacionado con la propia encuesta. Y aquí pueden empezar los problemas: ¿tiene sentido un encargo de ese tipo?, ¿necesita el Gobierno que ese tipo de informe lo haga una fundación privada y partidista?, ¿no estamos ante otro caso semejante al de esos informes encargados por el Gobierno catalán al servicio de la nada?, ¿cuántas subvenciones, informes, dictámenes, encargos..., innecesarios e inútiles se pagan con dinero de los contribuyentes?, ¿cómo y cuándo se han hecho esos trabajos?
La transparencia de las fundaciones de partido es manifiestamente mejorable. Por ejemplo, la memoria de Alternativas, pública en su página web, informa que el 2008 obtuvo casi dos millones de euros de ingresos y unos gastos ligeramente superiores. Los ingresos llegaron en un 10% de sus socios y el 90% de patrocinadores. Pero ni un solo detalle de esos patrocinios, ni origen ni destino. A la vista de la nómina de patronos (de Zapatero a Felipe González, pasando por Almunia) cabría esperar un exquisito cuidado en la gestión, en las cuentas, en los encargos, en la transparencia. Es probable que la administración sea escrupulosa, que todo esté claro, contabilizado, bien gestionado... pero esa memoria podría ser más generosa en las explicaciones contables.
La demanda contra López Garrido puede ser aviesa, puede ser interesada, pero es pertinente, pretende clarificar el uso de fondos públicos gastados con ¿liberalidad?, ¿ligereza?..., cualquier cosa menos ejemplaridad y exigente diligencia. Seguramente no estamos ante un delito pero sí ante un incómodo tropiezo con consecuencias imprevisibles.
