El calendario conduce a un fin de curso con el 'caso Gürtel' empapuzando al PP. Tras más de cien días de exposición a fuego lento, la agenda de los populares está marcada por este escándalo político (que lo es) que ha empujado a los líderes a declaraciones forzadas que más de uno desearía no haber hecho y que puede entrar en una segunda fase de exigencia de responsabilidades (la primera fue la que llevó por delante a algún alcalde, concejal y dirigente de la Comunidad de Madrid). Los tribunales superiores de Valencia y Madrid y el Supremo tienen que clarificar responsabilidades penales de un caso que empezó a instruir la Fiscalía Anticorrupción hace más de un año basándose en una denuncia interna del PP, de un particular incómodo o frustrado por los acontecimientos.
Lo que parecía una trama menor, en ayuntamientos de la periferia de Madrid, de tráfico de licencias municipales con beneficios y comisiones en favor de personajes de segunda fila, asciende hasta la cabeza del partido por vía de su tesorero, que es cargo discreto pero de la mayor confianza, y del influyente presidente de la Comunidad Valenciana.
Por ambos personajes ha puesto la mano en el fuego el flemático y resistente ("a mí no me presiona nadie", ya lo saben) presidente del Partido Popular, que aunque debe de estar curado de espantos por lo mucho que sabe de las cañerías del partido (y de los otros) confía que no pase nada, que no llegue al sangre al río, que antes o después un juez amigo, un tribunal sensible al escándalo, dé carpetazo al asunto y devuelva la tranquilidad al Partido Popular. Ya pasó con el 'caso Sanchís-Naseiro' (los anteriores tesoreros), de manera que puede ocurrir lo mismo, así que se trata de minimizar daños sin abrir puertas y ventanas a la luz limpiadora.
En el PP creen que la verdad judicial se impone sobre cualquier ética o estética. Porque poco espacio a la ética y la estética deja el 'caso Gürtel', a la vista de la acumulación de datos, pruebas y opiniones que obra en el sumario. El viaje del caso por los juzgados no ha hecho nada más que complicar las cosas a los implicados y al propio Partido Popular. Complicaciones a pesar de la discreción de los principales imputados, que, aparte de las conversaciones telefónicas grabadas por la Policía, se resisten a declarar la extensión y profundidad de la trama.
Los tres jueces instructores que entienden el sumario, repartido por razones de competencia, van a pronunciar autos importantes antes de fin de mes, que pueden determinar dimisiones y cambios de estrategia. En el PP piensan que los efectos electorales del caso son de menor cuantía, pero las consecuencias internas no son menores ya que pueden colocar fuera de juego a varias de las familias influyentes en el partido.
Si el tesorero Bárcenas sale imputado y con un auto de acusación tan sólido como el del juez Flors sobre el presidente Camps, el Partido Popular y Rajoy tendrán que dar explicaciones más consistentes que las conocidas hasta ahora. El PP apostó porque detrás de esta historia no habría nada penal, ni nada escandaloso. Si esa hipótesis no se cumple, tendrán que cambiar de estrategia y desplegar nuevos argumentos para salir del lío que les perseguirá estas próximas semanas sin dejar espacio. Incluso las maniobras de distracción alentado otros escándalos en el partido adversario no taparán el caso, sino que quizá todo lo contrario. Mierda para todos no significa liberarse de la propia, más bien hace que todo huela aún peor.
Mientras tanto, los socialistas respiran a la vista de que la presión política y de los medios recae sobre la oposición, que aunque goza de mejor intención de votos, está empapuzada de trajes, bolsas, comisiones, gratificaciones, recibos que no aparecen y facturas inquietantes.
A los españoles les preocupa la economía, cada día más. A los políticos, los escándalos que convierten la actuación política en problema que también preocupa a los ciudadanos.
