El Gobierno no tiene plan de reforma del mercado laboral, ni programa para reducir el paro; lo confía a las fuerzas sociales, pone cara de ingenuo y pretende que le rellenen el guión. Quizá estima que así entretiene, contenta y gana tiempo. O quizá espera que al final, antes de irse a tomar el sol, habrá un "acuerdito" ("acuerdín" diría un asturiano) con foto incluida que traslade la lectura de que este presidente tiene algo, como para que Obama le invite a sus cumbres y los sindicalistas y los patronos acepten sentarse en el sofá y sonrían para las cámaras.
Pero la directiva de la CEOE, que es numerosa y compleja, no está por la labor de una foto a bajo precio. Menos aun con la que está cayendo. Han pedido a su presidente que suba la puja y que se excuse en la opinión de la mayoría. Y a los sindicatos les pasa algo parecido, no están dispuestos a ceder casi nada, porque si el Gobierno no explica las malas noticias no van a ser ellos los que hagan el trabajo de aguafiestas. Así que el único que dice la verdad es el aguafiestas oficial, el del banco de España.
Los de la patronal se han levantado de la mesa de negociación después de mucho hablar y poco concretar y dicen que no vuelven mientras no haya un papel con detalles y cuantificaciones. Y el Gobierno pretende que el papel lo hagan las fuerzas sociales, para luego entrar en el trato de lo posible.
Como la metodología es mala, perversa, lo lógico es que el resultado final sea también malo, de mínimos para disimular. O nada, aunque no parece probable, no tienen tanto valor. Los sindicatos quieren más gasto, más subsidios de desempleo que se puedan vender como un avance social, aunque sea hacia el vacío. Y la patronal quiere abaratar costes, que es a lo que se dedican porque las ventas bajan y los márgenes también.
Para ese abaratamiento la lista empieza por las cotizaciones a la Seguridad Social, que son salario. Entre dos y tres puntos de recorte (cada punto significa 3.800 millones de euros al año) aliviaría la estructura de costes de las empresas y dejaría hueco para otras urgencias. Y los empresarios también reclaman que se atienda el problema del absentismo y el coste de la incapacidad temporal, de las bajas por enfermedad.
Desde hace años las empresas asumen hasta el día 14 de las bajas, momento en el que se hace cargo la Seguridad Social. Antes el periodo a cargo de la empresa era de cuatro días, y esos diez días adicionales significan cantidades relevantes que si fueran pagadas desde el fondo común aliviarían los gastos inmediatos de las empresas, en un momento en el que la paga está débil.
El Gobierno quiere la foto del acuerdo social, y los protagonistas de ella entienden que la oportunidad es ahora, antes de que el otoño acabe con los "brotecitos" de la recuperación y arruine de nuevo las expectativas. El Gobierno prepara de nuevo la chequera.
