Distintos indicadores no paran de dar cuenta de que siguen cayendo los precios de la vivienda. También reflejan que las transacciones son escasas, en parte por falta de compradores, pero también porque las entidades financieras -bancos y cajas- han endurecido las condiciones de financiación y restringido la concesión de préstamos relacionados con cualquier cosa que suene inmobiliaria. La consecuencia es que sigue creciendo el stock de viviendas en oferta, a estas alturas probablemente bastante por encima del millón largo computado a finales del pasado 2008. Tiene que ser así porque las que ya estaban en venta nadie las compra y a éstas se unen las que se van terminando estos meses, de los varios cientos de miles que se iniciaron en el 2007, teniendo en cuenta los plazos que suele consumir la construcción.
Para muchos, el recorte de precio que señalan los datos es irreal, dado que el mercado se está comportando bastante cerca de la paralización. Lo sea o no, la realidad es que persiste entre los potenciales compradores la creencia de que el descenso tiene que ir todavía a más. Impera, con bastante fundamento, la convicción de que, más allá de operaciones puntuales, el nivel de precios no ha descendido lo suficiente en términos generales, en buena medida porque los promotores siguen en su mayoría reacios a bajar los de las nuevas promociones introducidas en el mercado. Una política que más de un experto juzga equivocada porque estaría contribuyendo a alargar la crisis que afecta al sector.
En realidad, es bastante difícil tener un juicio porque el negocio inmobiliario es de los más opacos, si no el que más, al punto de resultar poco menos que imposible tener idea de los márgenes en que se mueve; aunque no deben ser nada modestos, teniendo en cuenta los enriquecimientos, en muchos casos súbitos, que suele generar. De ahí que surjan serias dudas sobre si los precios, en concreto los de obra nueva, podrían ajustarse hasta lo necesario para poner en marcha un relanzamiento de la actividad.
Tampoco la falta de transparencia propicia una estimación atinada de por qué sigue sin ponerse en marcha un verdadero mercado de alquiler. Son pocas las promociones invendidas que se han transformado en oferta de arrendamiento, con o sin opción de compra, que en otros países ha crecido desde que la crisis comenzó a manifestarse. Bien es verdad que el marco normativo desincentiva en gran medida, pese a lo cual el Gobierno sigue sin promover cambio alguno en una legislación cuyos fundamentos esenciales datan nada menos que de 1942. Ayer mismo, en su comparecencia ante el grupo parlamentario socialista, el presidente Rodríguez Zapatero anunció las leyes que el Gobierno tiene previsto remitir a las Cortes en los próximos meses sin mencionar la de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que induce a pensar que seguirá como está. No deja de ser llamativo, existiendo como existe acuerdo, incluso en áreas del propio Ejecutivo, de que dinamizar el mercado de alquiler sería una forma de afrontar al menos dos problemas: el acceso a la vivienda, que sigue siendo difícil en forma de propiedad para buena parte de los ciudadanos, y también la ausencia de equilibrio en el mercado, ahora mismo enquistado en una caída persistente de las transacciones.
En todo caso, lo que parece seguro es que ese nivel de equilibrio -precio- entre oferta y demanda no acaba de llegar; en verdad, no tiene visos de estar siquiera próximo. Unos sitúan el punto de inflexión entre el próximo verano y el cierre del año. Otros sostienen que no llegará hasta bien entrado el 2010. Ninguno apuesta, sin embargo, por unas cifras concretas de desvalorización. Y, entre lo uno y lo otro, quien puede esperar a comprar, espera, y quienes desean vender siguen sin encontrar comprador.
