De vez en cuando se pone de manifiesto cómo conduce al absurdo la manía de regular. Hace algunos años, la mayoría de gobiernos autonómicos decidió fijar las fechas de comienzo y terminación de las campañas de rebajas en los comercios. Fue, en cierta medida, un añadido a la pretensión funcionarial de decidir en qué días y horas los consumidores podían, en realidad debían comprar. Con esos y otros mimbres nacieron distintas leyes reguladoras del sector, varias de ellas con la poco o nada disimulada inspiración de las asociaciones de pequeños comerciantes cuya supervivencia se aseguraba querer preservar.
Las sucesivas normas han corrido distinta suerte, pero en general han acabado desbordadas por la dinámica de los cambios producidos en las preferencias y sobre todo las necesidades de los consumidores, a las que los establecimientos no han tenido más remedio que corresponder, con desiguales acierto y celeridad, según los casos. El intento de someter las rebajas al imperativo burocrático tampoco ha ido mejor.
Oficialmente, en la mayoría de territorios las rebajas comenzaron ayer. Otros habían anticipado la fecha al pasado 2 de enero. La realidad, sin embargo, es que los comerciantes llevan semanas reduciendo precios y los hay que incluso lo hacen durante todo el año, ajustando sus ofertas a la demanda... como debe ser.
La distinción semántica entre rebajas y descuentos puede servir para salvar la cara, simulando que la ley se aplica y es útil, pero resiste mal tan pronto se confronta con la realidad. No sólo es que uno y otro vocablo signifiquen prácticamente lo mismo -basta consultar el diccionario RAE-, sino que para cualquier potencial comprador lo importante es disponer de una reducción en el precio; como se llame, da igual.
Bajar los precios no depende de ningún designio administrativo: se ofrece más barato lo que no se vende o se adopta como estrategia cuando el consumo en general muestra síntomas de retracción. Cualquiera sabe que viene ocurriendo desde el pasado verano y que por eso no eran precisamente optimistas las expectativas cara a la campaña navideña, en la que muchos ramos concentran una parte sustancial de las ventas de todo el año. De ahí que diciembre arrancara con descuentos, ya que la norma no permitía rebajar.
En esto, como en tantas cosas, subyace la peregrina idea de que la burocracia pública tiene más capacidad de determinar que los profesionales directamente implicados, dedicados y por tanto concernidos en la actividad. ¿Cabe alguna duda de que el comerciante sabe cuándo, cuánto y qué debe abaratar para atraer el interés y a ser posible la decisión de compra del consumidor?
Cuestión distinta es la tarea que compete a la esfera pública en materia de garantía y defensa de derechos del consumidor. Aquí hay que reconocer que la normativa ha incorporado notorios avances, pero no se puede decir lo mismo de su aplicación práctica, dado que sigue siendo manifiestamente mejorable el funcionamiento de los varios organismos, dispersos por las administraciones, que tienen encomendada la tarea de atender las reclamaciones y quejas: los hay que ni siquiera actúan y el resto suele hacerlo tarde y mal.
