No resulta fácil posicionarse a favor o en contra de la huelga de jueces, cuya primera sesión se cubrió ayer. Desde luego no lo facilita el titular de Justicia del Gobierno, cuyas declaraciones -¿también las actuaciones?- van en sentido contrario a rebajar la tensión. Tampoco contribuye la evidencia de que existen distintas posturas entre los jueces, comenzando por las que anidan en el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La única evidencia palpable es que la Justicia funciona mal. Desbrozar causas y responsabilidades ya no resulta tan sencillo, pero no se puede negar el impacto de la imagen antediluviana de muchas dependencias judiciales, llenas de legajos amontonados, o la estadística de causas acumuladas y los dilatados plazos para resolverlas. Que se deba a falta de medios materiales, escasez de jueces o baja productividad de los que están al frente de los juzgados nunca acaba de quedar claro, aunque se tiende a pensar que hay un poco de todo, sin tener una idea ajustada de en qué proporción.
Mucho se ha escrito estos días sobre la motivación esencial del paro de los jueces, pero tampoco en esto parece haberse alcanzado ninguna conclusión. ¿Es un conflicto laboral? ¿Son reales las motivaciones expuestas? ¿Existe trasfondo político? ¿Estamos ante un pulso corporativo para ganar o no perder poder e independencia? Todo convence en parte y nada de forma total y definitiva.
La distribución de competencias tampoco ayuda para entender el problema y probablemente tampoco contribuya a su resolución. La Constitución otorgó al estamento judicial la potestad de autogobernarse, de la que no dispone ningún otro ámbito público. Pero no del todo: los miembros del CGPJ son elegidos en sede parlamentaria, por lo general tras una negociación entre los dos grandes partidos. De otra parte, el Ministerio de Justicia mantiene notables potestades, comenzando por las presupuestarias, pero en parte las ha transferido a varias comunidades autónomas, cada una de las cuales ha gestionado los temas como su particular visión le ha dado a entender; por ejemplo derivando en una asimetría salarial que, entre otras cosas, tiene ahora mismo soliviantados y en agudo conflicto a los trabajadores de Madrid.
Para acabar de complicarlo todo, persiste irresuelta la polémica sobre si los jueces pueden o no declararse en huelga. Es más, ni siquiera hay acuerdo sobre si son o no personal funcionario. Algunos los han equiparado a los militares, aduciendo que les debe estar vedado. Otros, al extremo contrario, sostienen que tienen el mismo derecho a declararse en huelga que cualquier otro colectivo del ámbito público. Lo malo es que interpretar si tienen o no derecho habrá de corresponder, en pura lógica, a algún juez o tribunal. Y, en último término, el Gobierno ha filtrado que podría estar preparando una ley para prohibirlo taxativamente... que muy probablemente podría acabar recurrida ante el Constitucional.
Si nunca es deseable un conflicto cuyas consecuencias acaban pagando, por una u otra vía, los ciudadanos y las empresas, todavía lo es menos cuando, como es el caso, demasiadas cosas estaban funcionando de forma deficiente... y nadie entre sus más directos protagonistas siente ser causa, sino que se considera víctima de los errores de los demás.
