La iniciativa del ayuntamiento barcelonés de Vic, opuesta a inscribir en el padrón municipal a los inmigrantes sin papeles, ha sacudido un asunto que, aunque eludido en el listado de lo políticamente correcto, constituye una sensibilidad larvada en el seno de la sociedad.
Pensar que se trataba de un tema superado era probablemente más un deseo que algo asociado a la realidad. A fin de cuentas, la sociedad española no tiene por qué ser distinta del resto de europeas y es obvio que en todas siguen latentes problemas relacionados con la inmigración. Decir problemas no quiere decir racismo ni xenofobia, aunque ambas cosas existan en distintos grados y sean factor a considerar, o mejor combatir.
Sí es específico de España haber acogido y en gran medida asimilado una masa de foráneos equivalente a algo más del diez por ciento de la población en menos de una década. No hay precedente, dejando aparte desplazamientos forzados por catástrofes naturales o bélicas. Ha ocurrido sin aparentes problemas, más allá de algunos casos puntuales, pero la crisis lo cambia todo y hace más difícil predecir el porvenir.
Hace meses que las encuestas reflejan diferencias, cuando no contradicciones palpables entre el discurso ortodoxo y la opinión social. Ante ello, se puede optar simplemente por descalificar las posturas no coincidentes, pero quizás fuera más práctico tenerlas en cuenta, incluso por si conviene tratar de contrarrestarlas.
Creer que la integración de etnias y culturas sensiblemente alejadas de la española no es difícil roza la ingenuidad. No significa que sea imposible, pero sí que precisa esfuerzo recíproco y nada parecido a pretender que el principal corresponde... a los demás.
Es incierto generalizar. El fenómeno se percibe de distinta manera, según se trate de una gran urbe o un núcleo más reducido, igual que depende de la proporción que representen los inmigrantes sobre el total de población. Y, desde hace algunos meses, juega también la situación del empleo o, por decirlo de otro modo, si el paro se ha cebado más en autóctonos o foráneos.
Lo que más abunda, en todo caso, es confusión. No se percibe del todo claro qué es exactamente un sin papeles. No, si se tiene en cuenta lo que prevé la ley.
¿Faculta la legislación vigente, e incluso se podría considerar que obliga a las autoridades policiales a expulsar de territorio español a quien no esté en posesión de la preceptiva autorización legal para residir aquí? Por ejemplo, a cualquiera que haya excedido el período de estancia fijado en un visado turístico. ¿Señala también la ley que si esa persona elude la acción policial y logra permanecer irregularmente en el país, debe ser obligatoriamente inscrita en el padrón municipal? ¿Pasa, en tal caso, a ser menos ilegal?
Se trata, sin duda, de un tema complejo, a la par que delicado desde una perspectiva estrictamente humanitaria, pero precisamente por eso harían bien los responsables políticos en esforzarse más para que los ciudadanos lo entiendan, en lugar de caer en demagogias y oportunismos que sólo aumentan la confusión... cuando no excitan la visceralidad.
