El pasado sábado, más de un veterano rememoró el lejano 14 de diciembre de 1988, cuando los sindicatos lograron paralizar el país con una convocatoria de huelga general contra el Gobierno socialista encabezado por Felipe González. Un episodio que, a juicio de muchos analistas, marcó un antes y un después en la ejecutoria política de aquel gabinete y su presidente, no precisamente para bien.
El recuerdo venía probablemente a cuento por la notable movilización lograda por los líderes sindicales, en principio contra el comportamiento de los empresarios frente a la crisis, pero también a modo de aviso al Ejecutivo, por si decidiera salirse de la hoja de ruta que claramente parecen haberle marcado para cualquier eventual reforma del mercado de trabajo.
Abundan los analistas convencidos de que evitar una huelga general es el principal empeño del presidente Rodríguez Zapatero y sus más próximos en la dirección del Partido Socialista. Habría, pues, una relativa asunción de esa línea roja marcada por los sindicatos en la no concretada, pero sugerida, reforma de las normas laborales que algún miembro del equipo gubernamental empieza a asumir como planteable en la primera mitad del 2010.
Si tal presunción es cierta -datos lo apuntan-, cabe preguntar qué margen de maniobra existe para introducir cambios en las reglas que rigen aspectos tan relevantes como contratación, negociación colectiva y demás. Lo que vienen declarando al respecto los máximos dirigentes de UGT y CCOO, junto a la poco o nada matizada aquiescencia de varios miembros del Gobierno, viene a descartar cualquier cosa que no sea dejarlo todo prácticamente igual.
Tal como están las cosas -mal-, probablemente convenga pensar que el diálogo en la pertinente mesa negociadora va a discurrir distinto o más allá de lo hasta ahora escenificado por unos y otros. Si no, las cosas difícilmente dejarán de empeorar.
