Tras meses de negar cualquier reforma, sindicatos y Gobierno empiezan a hablar de que quizás sea necesario hacer algo en el mercado de trabajo español. Parten de admitir que a lo mejor el marco normativo no es tan perfecto como llevan tiempo asegurando o, aunque no lo digan expresamente, hasta es posible que hayan llegado a asumir que el principal derecho de los trabajadores es tener ocupación. Algo que, como es sabido, no tienen alrededor de cuatro millones de ciudadanos.
Ha sido el ministro Celestino Corbacho el primero en hablar de las potenciales bondades del ejemplo alemán. Una especie de remedo de la añeja teoría francesa -fracasada, por cierto- de repartir el trabajo en coyunturas tendentes a generar desocupación.
Sin duda, es mejor debatir sobre un modelo externo que permanecer aferrados al inmovilismo, negados siquiera a considerar la más leve modificación. Pero, dicho eso, conviene tener cuidado con las copias, porque una misma fórmula aplicada sobre realidades distintas puede resultar contraproducente o, en el mejor de los casos, ineficaz. Pensando en una posible traslación a España de lo ensayado en Alemania, puede ocurrir.
Como factores diferenciales a tener en cuenta, destaca sobre todo la tasa de temporalidad. No menos, el porcentaje de desempleo sobre población en edad de trabajar. Por no citar las fórmulas legales de contratación, el valor relativo de los salarios o el grado de formación-especialización de quienes integran las listas del paro real y los índices de productividad de los sectores más afectados por la caída de actividad.
Valdría la pena, de paso, reconsiderar, basándose en la experiencia, la efectividad de los sistemas de ayuda a la contratación, tanto los vigentes ahora mismo como aquellos posibles de los que se suele hablar. Habría que plantearse si en verdad algún empleador formaliza un contrato de trabajo movido por alguna de las bonificaciones, subvenciones o primas ofertadas, o simplemente se beneficia de ellas al cubrir una plaza que de todos modos necesitaba proveer. Existen indicios de que lo habitual es lo segundo, con lo que se estarían vertiendo recursos públicos sin correlación con el objetivo de reducir la alta tasa de paro actual. Consideración que tampoco estaría de más extender a los servicios públicos de colocación, cuyo coste presupuestario se antoja desproporcionado en relación a las contrataciones que verdaderamente intermedia.
No por sabido resulta menos lacerante que España sea el segundo país con mayor tasa de paro entre los veintisiete que conforman la Unión Europea (UE) y que las perspectivas para los próximos meses sugieran que la cosa va a ir a peor. Lo sorprendente es que semejante panorama no incite a algo más que la pura inercia de seguir aplicando lo mismo de siempre o, en un alarde creativo, copiar algo concebido y ensayado en un escenario dispar.
Se admita o camufle, la situación es de auténtica emergencia y, como tal, precisa grandes dosis de imaginación y valentía, no simple continuidad. El drama es sin duda personal, de todos y cada uno de los millones de personas que quieren trabajar y no encuentran dónde ni en qué. Pero también es colectivo, no sólo por las claras repercusiones de círculo vicioso que marcan el rumbo inmediato de la economía, sino además por lo que entraña de pérdida de potencial para alcanzar la recuperación, primero, y hacerla sostenible -palabra mágica de estos tiempos-, después.
