No es fácil apreciar la utilidad efectiva de las resoluciones aprobadas ayer como cierre del debate parlamentario sobre el estado de la nación. Máxime, teniendo en cuenta el trabajoso proceso previo de negociación para sumar las mayorías necesarias. La realidad es que el grueso de las sancionadas, cualquiera que tenga una mínima enjundia, no pasa de ser un mero proceso de intenciones, todo lo más un propósito que deberá acabar tramitado como proyecto de ley. Lo que lleva a plantear, teniendo en cuenta la aritmética de la cámara baja, ¿cuántas llegarán a las páginas del boletín oficial?
Por lo pronto, el Ejecutivo no ha tenido más remedio que restar concreción a varias de las medidas planteadas por su presidente, para obtener al menos los siete votos que le faltan para sumar mayoría. Puede ser bueno o malo, dependiendo de los compromisos no explicitados que acaben recogidos por el articulado de cada proyecto de ley, a modo de requisito para obtener en su día la correspondiente ratificación parlamentaria.
Dos ejemplos pueden ser la supresión del actual incentivo fiscal a la adquisición de vivienda de uso propio y la rebaja de los tipos impositivos de Sociedades y Renta, respectivamente para pymes y autónomos que mantengan o aumenten el número de empleados. Los parámetros avanzados la pasada semana por Rodríguez Zapatero se antojaban tan discutibles como cualquier otro, pero hay que reconocer que recibieron más de una objeción. Es, de momento, un misterio en qué sentido se modificarán.
Lo que sí se puede considerar bastante garantizado es que la práctica totalidad de las medidas tardará en incidir sobre la maltrecha realidad económica. Dando por válida la presunción de que acabarán siendo aprobadas en el Congreso, la tramitación requerirá varios meses y sus efectos, algunos más.
La incertidumbre que ahora se instala es en parte consecuencia de haber elegido un diseño complejo, en lugar de optado por una fórmula más simple y directa, y en el fondo menos discrecional. El ejemplo del tratamiento fiscal de la vivienda vuelve a servir: el incentivo a la compra es indudable que constituía un factor de distorsión y sobraban argumentos para suprimirlo, pero ¿por qué no eliminarlo de forma total? Fijar umbrales de vigencia, absoluto y progresivos, es discutible y, tal como ha resultado sancionada la resolución, se han tornado lo suficientemente inciertos como para neutralizar temporalmente, hasta que queden claros, más de una decisión y, por tanto, los efectos pretendidamente buscados para animar el mercado.
Algo semejante se puede razonar respecto de la rebaja tributaria vinculada a las plantillas de pymes y autónomos. Sin conocer exactamente la cuantía y las condiciones de las rebajas, será difícil que los empleadores puedan tomar decisiones y por tanto incidir positivamente en la deplorable tendencia del paro que muestran tanto la Encuesta de Población Activa (EPA) como los registros de las Oficinas de Empleo.
Más allá de todo eso, cabe señalar que el cuadro de resoluciones estuvo a punto de aportar una sorpresa positiva: un compromiso gubernamental de abrir un proceso para propiciar una reforma pactada del mercado de trabajo, instado desde las filas de Convergència i Unió (CiU). Pero ni por éstas: la fuerte presión sindical y la amenaza de retirada de apoyo de Izquierda Unida (IU) a otras resoluciones parece que desembocaron en el voto final de los diputados socialistas en contra de lo asumido el día anterior.
Quizá la reflexión resultante debiera ser si es oportuno replantear el diseño del debate anual celebrado de la pasada semana. Teniendo en cuenta, entre otras cosas, qué puede significar abrir expectativas que las cuentas parlamentarias no garantizan convertir en política real. Y es que decir siempre resulta más fácil que hacer.
