Se veía venir, pero sólo hacia mitad del ejercicio los gobernantes comienzan a reconocer que los presupuestos que elaboraron a finales del 2008 tienen poco que ver con la realidad. El fiasco esencial, claro está, se centra en los ingresos: la recaudación fiscal de las distintas administraciones discurre sensiblemente por debajo del ejercicio anterior, pero también de las previsiones más pesimistas; por cierto, no demasiadas, puesto que la mayoría adoleció de un voluntarismo digno de mejor causa.
Todas las administraciones -central, autonómicas y municipales- plantearon sus cuentas del 2009 con previsión de déficit, es decir, con gastos superiores a los ingresos, pero los cinco meses ya transcurridos del ejercicio muestran que la realidad es mucho peor. Sus responsables se han visto, pues, abocados a tomar medidas de restricción presupuestaria, los que han podido con o sin fórmulas para subir la recaudación. La forma como lo están haciendo merece alguna reflexión.
Unos más, otros menos, la mayoría está optando por reducir o en el mejor de los casos aplazar inversiones, sobre todo en infraestructuras, aunque es verdad que con desiguales metodología, transparencia y claridad. En unos casos, deciden unilateralmente aplazar el pago de las certificaciones; en otros posponen las fases de ejecución de las obras; y en algunos simplemente paralizan o posponen la ejecución.
Dejando aparte que esta línea decisoria contradice el discurso oficial y lo discutible de que se esté eligiendo aplicar recortes en esos capítulos, y no en otros -sobran ejemplos-, cabría reflexionar sobre la esencia misma de los presupuestos oficiales.
Las previsiones de cuentas -ingresos y gastos- de los entes públicos deben ser sometidas a los órganos de representación correspondientes, parlamentos y plenos municipales, únicos legitimados para aprobarlas. De ellos dependen, no sólo las cuantías, sino también la distribución, tanto determinando las cargas impositivas como asignando los importes a los diferentes conceptos de gasto e inversión. Ahora bien, cuando las previsiones no se cumplen, el procedimiento de desvirtúa, casi se podría decir que se pervierte hasta el punto de poder considerar inútil el trámite legal.
Para empezar, el error de previsión o el incumplimiento de las cifras globales carecen de consecuencias prácticas para los gobernantes. Por otra parte, sus capacidades discrecionales para ejecutar los presupuestos, transferir, reajustar y resituar fondos de unas partidas a otras suelen ser bastante amplias y no siempre fácil de detectar, en el mejor de los casos hasta pasados varios meses. Lo que está ocurriendo estos días ilustra bastante esta realidad.
Ante la caída libre de la recaudación y los problemas agudizados de liquidez, la mayoría de gobiernos está acometiendo recortes en capítulos de gasto e inversión. Lo suele hacer por su cuenta y riesgo, sin que a los representantes de la soberanía les quepa opción alguna de opinar y mucho menos intervenir. Al final, el uso de los fondos públicos puede mantener la misma filosofía de distribución que el presupuesto aprobado... o no.
