Las cajas de ahorros parecen llamadas a ser sujeto noticioso en los próximos meses, aunque no lo han sido como deberían del nuevo instrumento creado por el Gobierno para afrontar las crisis en entidades financieras. La verdad es que no resulta fácil adivinar por qué ha costado meses aprobar el FROB, siendo como es bastante continuista con el modelo que sirvió para afrontar y en cierta medida resolver la crisis de los años ochenta, que se llevó por delante nada menos que medio centenar de entidades. Es cierto que entonces los problemas estuvieron concentrados en bancos y que ahora se presumen en cajas, pero no se aprecia nada específico que justifique la novación. Diciéndolo de otra manera: la impresión es que se ha perdido la oportunidad para abordar problemas que, sin ser la única causa, están en la raíz del deterioro que sufre más de una.
Existe cierto consenso en apreciar que van a ser necesarias fusiones y concentraciones, tanto para evitar riesgos de insolvencia como buscando ajustar dimensión a criterios de capacidad competitiva y eficiencia. Valga lo que valga, no se puede pasar por alto la atomización de la mitad del sistema financiero español que constituyen las cajas de ahorros, frente a la progresiva integración, al borde del teórico duopolio, que existe en la otra mitad -bancos- del sector. Sólo que esa atomización tiene causas y no se aprecia que el Gobierno haya emprendido iniciativa alguna para corregirlas.
También hay bastante acuerdo a la hora de considerar que la calidad de la gestión ha devenido cuando menos desigual. En general, ha dependido del grado de injerencia política en sus órganos directivos, a su vez derivado de un marco normativo que otorga amplias potestades a las comunidades autónomas, que además cada una ha trasladado según su albedrío a la ley territorial. El resultado ha sido un mapa de cajas de ahorro muy heterogéneo, en el que se presume la existencia de más de un caso asimilable a lo poco que se va conociendo de la castellano-manchega abruptamente intervenida hace pocos meses por el Banco de España.
La experiencia de Caja Castilla La Mancha no da la sensación de haber servido mucho para la articulación final del FROB. Dejando al margen las potestades de intervención del Banco de España -ya preexistentes-, el procedimiento previsto para posibles "soluciones privadas" previas, tales que fusión, concentración o integración, va a seguir siendo tan proceloso y en cierta medida confuso como el que, hasta ahora, está frustrando más de una operación salvadora de entidades en fase más o menos aguda de crisis.
Sólo el vicio de no transgredir lo políticamente correcto evita mayor abundancia de juicios y opiniones considerando que la evolución normativa sobre las cajas ha sido un error. El principio filosófico por el que, al carecer de dueño, se imponía un grado de presencia pública -política- en su gestión, se ha pervertido en demasiados casos, primando la politización en las decisiones -riesgo, inversiones, dimensión, fusiones, etcétera-, frente a criterios de racionalidad y, en definitiva, profesionalidad. Se aprecia en muchos ámbitos, pero pocas veces se dice, para variar.
Una vez más, queda bastante claro cuán difícil es desandar caminos, por errados que se hayan demostrado, sea por falta de voluntad o incapacidad de hacerlo, aunque la mayoría esté de acuerdo en que sería mejor. Porque, hasta ahora, la mejor defensa del peculiar estatus de las cajas de ahorros era que funcionaban, sin sufrir ni provocar problemas... pero impera la convicción de que ha dejado de ser verdad.
